Algunos datos del Presupuesto General de la Nación (PGN), radicado por el actual gobierno al Congreso de la República, el pasado 27 de agosto, han pasado inadvertidos. Ya se ha dicho que, en relación con la primera propuesta radicada en julio, hay un fuerte crecimiento del presupuesto explicado principalmente por el servicio de la deuda (+54,7 %) y por obligaciones de funcionamiento (+7,3 %), mientras que el presupuesto de inversión pasa de $89,5 billones en 2026 a $87 billones en 2027, lo que significa una reducción del 2,8 %.
Esto quiere decir que la parte del presupuesto que se emplea en financiar infraestructura, desarrollar programas sociales, realizar inversión productiva, investigación e innnovación representa apenas el 13,7 % del PGN.
En otras palabras de cada $100 que gastaría la Nación en 2027, aproximadamente $62 irían a funcionamiento, $24,3 al servicio de la deuda y apenas $13,7 a inversión.
Esta relación es más severa para el caso del sector agricultura porque las principales entidades que componen el sector, que incluye al Ministerio de Agricultura, el ICA, la Autoridad de Acuicultura y Pesca, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural aumentan sus gastos de funcionamiento en $84,3 mil millones, mientras que la inversión disminuye fuertemente en $1,4 billones con respecto al presupuesto de 2026. Lo que representa un aumento del funcionamiento del 9,27% y una reducción de la inversión del 43,89%.
Lo que no se ha dicho es la manera como estos cambios afectan a sectores específicos de la población rural.
Del lado de los gastos de funcionamiento se observa que, aunque se mantienen en esta nueva versión del presupuesto los mismos 2964 cargos del proyecto del gobierno anterior, sus costos aumentan. Si bien el gobierno ha explicado vagamente que este aumento se debe a procesos de actualización salarial y ajustes de plantas ya existentes, llama la atención que uno de los rubros más grandes corresponde a $216,7 mil millones que se giran a la Corporación Agrosavia, una entidad de naturaleza mixta pero que se financia principalmente con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Esta cifra es muy superior a los cerca de 120 mil millones del proyecto de presupuesto de julio en el que se hacía eco a las críticas sobre el funcionamiento de esta Corporación, las cuales señalan una limitada conexión operativa con los servicios de extensión y asistencia técnica en los territorios, así como un desequilibrio entre la participación financiera del Estado (cerca del 95% del total del presupuesto) y su débil control de una Junta Directiva conformada principalmente por los grandes gremios de la producción: FEDEGAN, La Sociedad de Agricultores de Colombia y el Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, entre otros.
De lado de la inversión, los mayores recortes recaen, por un lado, sobre la Agencia de Desarrollo Rural que en 2027 recibirá 46% menos recursos que 2026 lo cual representa cerca de 267 mil millones de pesos, de los cuales apenas 133 mil millones serán destinados para el apoyo a la estructuración y cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural a nivel nacional (PIDAR).
Los PIDAR se han constituido como uno de los principales instrumentos de desarrollo rural y, entre 2022 y 2026 atendió principalmente población campesina (80,3%), indígena (38,6%), victimas del conflicto armado (39,8%), mujeres rurales (41,9%), jovenes rurales (10,5%), afrodescendientes (11,4%), personas en proceso de reincorporación (1%).
Por otro lado, la Agencia Nacional de Tierras ve reducido su presupuesto en cerca del 60%, lo que representa cerca de 62 mil millones para formalización de predios privados rurales y procesos agrarios a nivel nacional, 53 mil millones ordenamiento social y uso productivo del territorio, y solo 20 mil millones para el apoyo integral a proyectos productivos sostenibles para la reforma agraria.
En días pasados el medio Silla Vacía informó sobre las directrices internas de la ANT para no utilizar los términos “reforma agraria” y evitar el uso recurrente de la palabra “campesinos” para ser reemplazadas por “productores rurales” y expresiones como “acceso a tierras” o “formalización”.
Al respecto la Convención Nacional Campesina emitió un comunicado rechazando estas directrices e invitando al gobierno a cumplir el mandato constitucional establecido en el Acto Legislativo 01 de 2023 con el que se reconoce al campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional.
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