La lucha de Jovita por su casa

A pesar de un fallo del Tribunal de Cáqueza a su favor, la alcaldía de Choachí busca demoler la vivienda de una humilde campesina de Resguardo Bajo. 

Vista de la finca de Jobita en vereda Resguardo Bajo. Foto: Archivo particular

EL SIRIRÍ 

El pasado viernes 29 de mayo se realizó la audiencia previa al cumplimiento de desalojo en el predio perteneciente a Ana Jobita Martínez Pulido, una humilde campesina de 61 años, madre de diez hijos y abuela de trece nietos, nacida en la vereda de Maza (Choachí), quien se dedica con su esposo de 65 años a labores agrícolas y poseen un negocio de transformación de gulupa. El predio esquinero que bordean dos caminos que de Choachí conducen por el sector de la Baticola a río Blanco, es una herencia familiar y en ese lugar nacieron y se criaron sus hijos y actualmente vive con dos de sus hijos y cuatro de sus nietos, uno de ellos menor de edad.  

Ana Jobita Martínez Pulido, campesina de 61 años de Choachí. Foto: Mambe   

Contra Jobita se ha desatado una virulenta campaña difamatoria y durante las últimas dos administraciones municipales ha enfrentado con estoicismo una lucha por sus derechos. Todo inició en el año 2008. Hasta entonces, había vivido tranquilamente en la casa de 172 metros cuadrados que levantaron sus abuelos en el sector de Resguardo Bajo, pero en ese año de repente el terreno comenzó a inundarse. Entre los vecinos del sector notaron entonces una serie de erosiones y charcos que se formaban en el terreno y con el tiempo los caminos resultaron varias veces inundados por los súbitos encharcamientos que en tiempos de invierno hacían rebosar el agua de las profundidades. 

Según Jobita: "Antes este era un terreno muy seco, sin erosiones, pero en invierno, muchas veces sucedió que el agua encharcaba el camino y la escorrentía se metía a la casa y mojaba todas las cosas”. Este comportamiento con el tiempo se fue profundizando. El agua fue tumbando varios árboles enormes de cuarenta años de edad y en cierta ocasión se llevó la casita del contador de gas, la escalera de piedra, el filtro del agua y volteó el patio de la casa de Jobita. La falla se profundizó tanto que llegó a romper la pieza de su hija Maribel y en un predio vecino perteneciente a la finca de su hermana debieron levantar un muro de piedra para evitar que el agua se metiera. Una medida que de poco ha servido pues actualmente el agua amenaza con llevarse el corral de las gallinas.

Al indagar sobre el asunto, los vecinos preguntando aquí y allá, descubrieron la raíz del problema. Unos vecinos en un predio de su propiedad, ubicados en la parte alta, aproximadamente a trescientos metros de la finca de Jobita, habían construido un pozo de sesenta metros de ancho, veinte de largo y ocho de profundidad. La obra y el inadecuado manejo ha generado que por décadas la filtración de las aguas  modifiquen la estructura del terreno, lo que se constituye ciertamente en una especie de bomba de tiempo, de la que tanto Corporinoquía y la alcaldía de Choachí no han tomado cartas en el asunto. 

Jobita intentó arreglar con sus vecinos y solucionar la situación, pero los dueños del predio nunca hicieron nada. La casa donde sus padres la llevaron a vivir cuando tenía doce años y su más importante patrimonio comenzó a moverse y con los días la estructura empezó a colapsar.  Desesperada por la situación, Jobita se vio forzada a demandar con una tutela que ganó en dos instancias, primero en diciembre de 2022 y luego en febrero de 2023. Según fallo expedido por el juez Juan Chinchilla de Cáqueza se le ordenó a la alcaldía de Choachí tomar medidas sobre el pozo en el predio vecino y mitigar el riesgo. Además ordenó a las autoridades reubicar a su familia y dispuso realizar unos estudios del terreno y dependiendo de sus resultados, construir o demoler la construcción. 

El alcalde de Choachí en esos días, Carlos Alberdi Velázquez, acatando el fallo judicial propuso como solución ubicar a Jobita y los menores en una habitación de un hotel en el casco urbano, a lo que ella agradeció, pero se negó a tal ofrecimiento, ya que en esos días vivían nueve personas en su casa, entre hijos y nietos. Sobre la mitigación del pozo, poco o nada hizo, pues como EL SIRIRÍ comprobó, existe una vieja relación entre el ex alcalde y los dueños del predio donde se encuentra la problemática laguna artificial.

La familia de Jobita en los años ochenta. Foto: Archivo particular

Finalizando el periodo de gobierno de Velásquez, cuando Jobita fue a su despacho a solicitarle acciones para solucionar su situación, el alcalde se comportó de manera despectiva, negándose a revisar las evidencias que la campesina llevaba en una carpeta. "Fígaro", como le llaman amistosamente, argumentó tajante que la alcaldía no tenía plata para darle una vivienda y mucho menos arreglársela. "Mi intención jamás fue pedirle una casa", argumenta Jobita, "sólo quería exigir se cumpliera la ley". La grosería de Velásquez fue mayor unas semanas luego en una alocución transmitida por las redes sociales, cuando se cernía una sanción en su contra por no acatar el fallo. Al aire y de forma irresponsable el alcalde denunció a Jobita, sin mencionar su nombre. Victimizándose, argumentó que existía una mujer que poseía dos casas y que estaba tramando ponerlo tras las rejas, generando la indignación de sus seguidores. Desde ese momento Jobita injustamente ha sido vilipendiada y señalada como enemiga de Velásquez. 

Álvaro Pulido, el actual alcalde y quien sucedió a "Fígaro", en un inicio fue muy receptivo con Jobita y enterado de la situación visitó el predio y ordenó la reubicación de su familia, mientras se realizaban los estudios para determinar si era necesario tumbar la casa. La familia de Jobita fue trasladada a una casa en Fonté, donde no existía gas y allí intentaron rearmar su vida durante seis meses, tiempo en que la alcaldía se encargó de su sostenimiento. Pasado este tiempo el alcalde Pulido cortó la ayuda y dejó a Jobita y su familia pagando arriendo y a la buena de Dios. 

Los hijos de Jobita. Foto: Archivo particular

Otros seis meses pasaron y cumplido un año, Jobita tomó la decisión desesperada de volver a su predio. Para esos días, esperaba que la alcaldía ya hubiese realizado los debidos estudios técnicos y tuviera un  pronunciamiento frente a la situación, pero nada de esto sucedió. Así que tuvo que volver a apelar a la justicia, sin imaginar que por hacer valer sus derechos acabara demandada. Buscando lavarse las manos, el municipio argumentó que Jobita se había negado a acceder a la ayuda de la administración y que había construido ilegalmente en el predio.

Su pleito llegó a los tribunales y en la corte, con estos argumentos, invalidaron la orden expedida por el juez de Cáqueza. Jobita revisó la sentencia encontrando muchas inconsistencias, entre ellos la modificación en los papeles de su ubicación, donde colocaron Resguardo Sector Norte, cuando siempre se ha identificado su sector como habitante de Resguardo Bajo. También señalaron a Jobita de construir en el predio dos edificaciones, cuando en realidad se tratan de dos antiguas enramadas hechas de palo de guadua, con el objetivo de cuidar las cosas y las herramientas de trabajo. No le avalaron los testigos, ni hubo una debida observación del problema. Por todo esto, Jobita tuvo que ir a Defensoría del Pueblo, quien le aconsejaron realizar un desacato y así obligó a la oficina de Planeación y la inspectora de policía visitar el predio donde pudieron comprobar que nunca hubo construcciones.

La casa de Jobita. Foto: Archivo particular

“Es una falsedad que yo haya construido en mi predio” dice Jobita, que este año tuvo que vender los piscos y las gallinas para defenderse contra el argumento injusto de la administración que se ha encargado de hacerle la guerra. En agosto del año pasado, un cercano encontró en la plataforma del SECOP que existía un contrato de una unidad habitacional en su predio. El contrato lo encontró por coincidencia y según Jobita nadie le notificó del asunto. "En septiembre, se acercaron algunos funcionarios para firmar la licencia. ¿Van a autorizar la construcción en un lote en zona de riesgo?, fue lo que les contesté, lo que generó el malestar con la alcaldía. Resultaba increíble que la oficina de Planeación permitiera la obra, tras la amplia evidencia de zona de riesgo" comenta Jobita.

Por todo esto Jobita fue citada a juicio y en la audiencia se le negó la posibilidad de contar con diez testigos a su favor y solo aceptaron tres de ellos. Para la administración municipal, Jobita sólo quiere meter a la cárcel al alcalde y han inventado el mito que su familia tira pólvora y han hecho fiesta cuando amonestaron al burgomaestre por no cumplir con la tutela. Ella confiesa que no desea el mal a nadie y que sólo espera se haga justicia, y pueda tener su casa en las mismas condiciones que estaba. Después de tres años y medio se siente desvalida y triste que nadie la haya entendido.  

Ni Corporinoquia, ni gestión de riesgo, que supuestamente deben hacer monitoreos y estudios sobre el impacto del pozo en predio, han hecho nada. La única acción de mitigación ordenada por la alcaldía es  la siembra de matas y el manejo de zanjas, paliativos que poco ayudan a la problemática. “La situación sigue latente y cada vez es más grave” confiesa Jobita. En mayo de este año, violando sus derechos fundamentales, le cortaron el acceso al agua, según entiende Jobita como una artimaña para presionarla a salir de su predio. “El juez ordenó que debíamos sentarnos a dialogar y así lo manifesté a la administración, pero el alcalde Pulido no me contesta” agrega la humilde campesina. Actualmente el riesgo persiste y a pesar de la existencia de la orden de desalojo, una nueva tutela la ha protegido por unos días, mientras Jobita se enfrenta a medio mundo por salvar su casa.