Hemos sido campesinos desde hace mucho tiempo y hemos tenido que pelear para mantenernos en el campo. No es que nos guste la confrontación, somos gente de paz, pero es que la tierra, el agua y el trabajo son nuestra vida y si esa vida está en riesgo, nos toca defenderla. Esa lucha implica el esfuerzo cotidiano para mejorar la vida de nuestras familias y garantizar el alimento para nuestros hogares y para el país entero. Esa lucha implica abrir caminos y mantenerlos, montar los acueductos de las veredas, mantener los muelles, construir escuelas, cuidar nuestros saberes, recorrer ríos y mares, hasta reconocer todo el paisaje de la República de Colombia. Esa lucha implica exigir que se nos garantice el derecho a la vivienda, la salud y la educación; pero, sobre todo, el derecho a vivir en paz, que es, a la larga, el derecho a la vida.
Nada nos lo han regalado. Cada derecho que hoy existe ha sido fruto de la organización, del trabajo y de la persistencia de generaciones de campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que han defendido su territorio y su forma de vivir. Nuestra historia está hecha de mingas, juntas, asociaciones, cooperativas, recuperaciones de tierra, paros, marchas y diálogos. También está hecha de sacrificios, porque muchas veces esa lucha se ha respondido con violencia, persecución y despojo.
En 1928, los trabajadores de las plantaciones bananeras del Caribe colombiano se organizaron para reclamar condiciones laborales dignas. La respuesta fue la Masacre de las Bananeras, un hecho que dejó claro que los intereses de los más poderosos podían imponerse por la fuerza sobre la vida de quienes trabajaban el campo.
Años después, la Ley 200 de 1936, que surge de la movilización campesina, reconoció que la propiedad debía cumplir una función social y abrió el camino para enfrentar la concentración de la tierra. Sin embargo, la resistencia de los grandes terratenientes limitó sus efectos y promovió normas que frenaron ese avance. La violencia política de mediados del siglo XX volvió a expulsar a miles de familias campesinas de sus parcelas y profundizó la desigualdad en el campo.
La esperanza renació con la reforma agraria de la década de 1960, la creación del INCORA y el fortalecimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Miles de familias se organizaron para recuperar tierras y hacer realidad una distribución más justa. Pero el Pacto de Chicoral, en 1972, redujo el impulso de la reforma, frenó las recuperaciones de tierra y marcó el inicio de una nueva contrarreforma que fortaleció nuevamente la concentración de la propiedad rural.
El conflicto armado, el paramilitarismo y el despojo expulsaron a millones de campesinos, indígenas y comunidades negras de sus territorios. Aun así, nunca dejamos de organizarnos. El Paro Nacional Agrario demostró que el campo seguía unido para exigir dignidad, reconocimiento y apoyo a la producción campesina. Esa lucha también hizo posible que el Acuerdo de Paz de 2016 reconociera la Reforma Rural Integral como un paso indispensable para superar las causas históricas del conflicto y construir una paz estable y duradera.
Nuestra historia demuestra que casi cada avance hacia una reforma agraria ha sido seguido por una contrarreforma impulsada por quienes han querido conservar sus privilegios a costa de nuestras penurias, pero esa misma historia es la suma de las exigencias y las luchas por sobreponerse a este escenario para lograr una reforma agraria que signifique una vida más que digna para nuestra gente. Seguimos abriendo caminos.
Comités territoriales de reforma agraria
Los Comités de Reforma Agraria son la principal instancia de participación y articulación territorial (municipal y departamental) para impulsar la Reforma Agraria en cada municipio o departamento. Su creación responde al propósito de construir una política agraria con la participación activa de las comunidades rurales, en desarrollo de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz, de la Ley 160 de 1994 y de los instrumentos que orientan el ordenamiento social de la propiedad rural y el acceso a la tierra. Estos espacios reúnen a organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, autoridades locales y entidades del Estado para construir acuerdos alrededor de las necesidades y prioridades de cada territorio.
Los Comités parten de un principio fundamental: las decisiones sobre la tierra y el desarrollo rural deben construirse con quienes conocen y habitan el territorio. Por ello, promueven la participación de las comunidades en la identificación de necesidades, la priorización de acciones, el seguimiento a los procesos de acceso y formalización de la tierra, la resolución concertada de conflictos y el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria. De igual manera, contribuyen a incorporar enfoques diferenciales que garanticen la participación efectiva de las mujeres rurales, los jóvenes y los diversos pueblos que conforman la población campesina.
Estos espacios también fortalecen la coordinación entre las comunidades, las administraciones municipales y las entidades del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. A través del diálogo, la concertación y el seguimiento a los compromisos, los Comités contribuyen a que la implementación de la Reforma Agraria responda a las realidades de cada territorio, fortalezca la transparencia en la gestión pública y garantice que las políticas de acceso a la tierra, formalización y desarrollo rural se construyan con participación ciudadana efectiva. En este sentido, los Comités Municipales de Reforma Agraria son una herramienta para hacer realidad el principio de que la transformación del campo colombiano solo es posible con la participación de quienes lo habitan, lo trabajan y lo cuidan.
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