Las comunidades campesinas han construido, desde sus propias luchas y experiencias, formas de organizar su territorio, definir reglas claras de uso y acceso a la tierra, y proteger los bienes comunes de la naturaleza. Esas formas son las territorialidades campesinas, que buscan garantizar la permanencia de las familias en sus territorios, fortalecer la soberanía alimentaria y promover modelos productivos sostenibles. El Estado ha ido reconociendo algunas de estas figuras.
Existen dos figuras principales que han sido reconocidas y regularizadas por el Estado. Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), creadas por la Ley 160 de 1994, surgieron de las luchas campesinas por la tierra y el territorio, y son áreas donde las comunidades reducen las inequidades en la tierra y apoyan la economía campesina a través de un Plan de Desarrollo Sostenible construido colectivamente. Actualmente existen decenas de ZRC que abarcan más de un millón y medio de hectáreas.
Los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), formalizados por el Decreto 780 de 2024, son territorios que las comunidades campesinas han habitado y organizado históricamente para garantizar su permanencia y promover la agroecología mediante un Plan de Vida Digna.
A estas figuras se suman los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA), establecidos por la Ley 2294 de 2023 y reglamentados por el Decreto 149 de 2026, que reconocen las territorialidades de las comunidades de pesca artesanal en humedales, ciénagas, ríos y lagunas. Estos espacios integran el agua como bien común y se rigen por acuerdos comunitarios sobre vedas, artes de pesca y rotación de zonas, asegurando la reproducción de los ciclos biológicos y la alimentación familiar. Su protección es clave para la soberanía alimentaria y la defensa de los cuerpos de agua frente a la contaminación y la minería.
Los procesos de territorialidad campesina son tan diversos como las regiones que habitan, pero confluyen en el reconocimiento político y cultural del sujeto campesino, sus formas de relación con la tierra y su apuesta por la reforma agraria y la defensa de los bienes comunes.
Para garantizar el derecho humano a la alimentación se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una herramienta impulsada desde el Estado que responde a la necesidad de proteger los suelos fértiles del país y garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, estableciendo que esas tierras deben mantenerse para la producción de alimentos y no destinarse a otros usos. Su declaración sigue un proceso participativo que incluye la identificación de las zonas y su socialización con las comunidades. Actualmente hay cientos de miles de hectáreas declaradas en departamentos como La Guajira, Córdoba, Antioquia, Tolima y Cundinamarca.
Agroecología
La agroecología es un enfoque que aplica principios ecológicos al manejo de los sistemas productivos, integrando el conocimiento tradicional de las comunidades campesinas con prácticas que protegen la biodiversidad, conservan los suelos y el agua, y reducen la dependencia de agroquímicos. Se trata de una forma de entender la producción de alimentos en armonía con la naturaleza, fortaleciendo la soberanía alimentaria y la autonomía de las familias campesinas. Así, la agroecología es una apuesta por la sostenibilidad de los territorios y la reproducción de la vida en el campo.
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