Biomasa: Transición de los residuos orgánicos a recursos

 

Daniel Prieto Sánchez - Revista Transiciones

La biomasa residual orgánica (BRO) es un pilar poco conocido de la transición energética justa que puede atender necesidades de sectores productivos de difícil descarbonización. Se genera a partir de la degradación natural o inducida de materia orgánica derivada de procesos biológicos, como la fotosíntesis en las plantas o el metabolismo de organismos heterótrofos. Además, es el resultado de la reproducción del orden sociometabólico de la humanidad. En conjunto, la BRO está compuesta por residuos biológicos producidos en actividades agrícolas, agroindustriales, pecuarias, forestales y urbanas. Entre ellos se encuentran los restos de cosechas, estiércol bovinos, porcinos y avícolas, residuos vegetales y alimentarios provenientes de mercados, áreas verdes, podas de árboles, la actividad doméstica y biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Colombia cuenta con BRO distribuida en toda su geografía nacional. Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el potencial de esta fuente energética incluye una producción agrícola anual cercana a los 33 millones de toneladas, más de 5 millones de toneladas de origen pecuario y más de 43 millones de toneladas de biomasa vegetal residual. Este volumen representa una oportunidad para transformar residuos en recursos, especialmente considerando su incidencia en la productividad del uso del suelo, la generación de energía y el cuidado de los bienes naturales. 

Por ello, la BRO está clasificada como una fuente no convencional de energía renovable (FNCER), junto con otras fuentes como la solar, la eólica, la hidráulica pequeña, la geotérmica y la mareomotriz. Esto quiere decir que, aunque forma parte del portafolio energético nacional, su aprovechamiento sigue siendo limitado o marginal. Su potencial radica en su capacidad de ser transformada en energía mediante procesos físicos, bioquímicos y termoquímicos, lo cual permite obtener productos como los biofertilizantes y los biocombustibles líquidos y gaseosos, sin afectar negativamente el balance de carbono y contribuyendo con el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales establecidos en el marco global del Acuerdo de París.

Este recurso no solo está siendo valorizado por la agroindustria, sino también por comunidades rurales, organizaciones campesinas, asociaciones de reciclaje y redes agroecológicas. En este sentido, la BRO se convierte en un instrumento clave para promover sistemas de producción autogestionados, tanto para la generación de energía como para la elaboración de insumos agrícolas que apoyen la restauración ecológica de suelos y la producción de alimentos libres de agrotóxicos. De esta manera, se abren nuevas posibilidades para el desarrollo agrario, la descarbonización de la economía y la diversificación de la matriz bioenergética nacional.

Sin embargo, a pesar de su importancia, gran parte del potencial energético de la BRO sigue sin aprovecharse plenamente. El Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señalan que más del 60 % de los residuos sólidos generados en Colombia terminan en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto. De ellos, cerca de la mitad corresponde a pérdidas y desperdicios alimentarios originados en la dinámica urbana y rural de la cadena de suministro –9,76 millones de toneladas al año–, lo cual refleja graves inconsistencias operativas en la cadena, además de las injusticias vinculadas al hambre y a la contaminación.

Este modelo hegemónico de disposición final tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, intensificando la pérdida de biodiversidad, exacerbando eventos climáticos extremos y deteriorando la calidad de vida de las comunidades cercanas a estas infraestructuras, principalmente de aquellas que habitan en las áreas periurbanas y rurales. La contaminación del aire, el suelo y el agua afecta la salud pública y, al mismo tiempo, erosiona los derechos fundamentales y colectivos en los territorios sacrificados para el enterramiento de residuos.

En este camino, la gestión energética municipal puede convertirse en un mecanismo fundamental para impulsar el aprovechamiento de la BRO. Al integrarse en políticas públicas locales, su valorización puede contribuir a reducir costos energéticos, mejorar la eficiencia del gasto público y fomentar una transición energética descentralizada, participativa y ecológica. Además, permite articular sectores estratégicos como agricultura, energía y servicios públicos, fortaleciendo los vínculos entre la gobernanza pública –a niveles nacional, departamental y local– con las iniciativas propias de la economía popular en torno al desarrollo de energías comunitarias.

Esto requiere implementar políticas que integren la recolección selectiva, el transporte, el tratamiento y la transformación de estos residuos en recursos energéticos. El sustento institucional de este propósito yace en marcos normativos e instrumentos, como la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las FNCER al Sistema Energético Nacional; la Estrategia Nacional de Economía Circular, que prioriza flujos como la BRO como parte central de su agenda; y la Ley 2099 del 2021, que autoriza la financiación pública con aportes del Presupuesto General y el Sistema General de Regalías y la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación, distribución, comercialización, autogeneración a pequeña escala y generación distribuida con FNCER. 

De tal forma, el Estado puede incentivar este componente de la transición mediante capacitación técnica, formación científica y apoyo financiero a las administraciones municipales, promoviendo una verdadera ruptura de los patrones de producción, consumo y descarte mediados por el modelo de economía lineal. Este enfoque puede, por un lado, estimular la producción nacional de bienes de alto valor agregado y, por otro, la minimización de residuos en sitios de disposición final. Para lograrlo, es urgente establecer una articulación interministerial e intersectorial que integre, además de los aspectos normativos, regulatorios y financieros, la cuestión social del trabajo, la tierra y la Economía Popular como pilares de la transición energética.

La valorización de la BRO no es solo una oportunidad tecnológica o económica; es una alternativa para transformar nuestra forma de relacionarnos con la energía, la naturaleza y las comunidades. Por tanto, esta transición ecosocial demanda integrar ciencia, saberes tradicionales y prácticas colectivas para enfrentar conflictos estructurales como la contaminación, el hambre y la exclusión energética. Colombia puede avanzar hacia una gobernanza energética más participativa y democrática, pero eso requiere voluntad política, inversión en capacidades locales y una visión dialéctica de la agencia del Estado frente a la crisis ecológica. La BRO puede constituirse como uno de los puntos de partida para imaginar una transición energética y socioecológica que no reproduzca injusticias, sino que las cuestione y busque transformar el mundo.