Frente a estudios que cuestionan el informe hidrogeológico de Manantial, Coca-Cola intenta lavar su imagen y desligarse de responsabilidades frente a la escasez de agua en el municipio de La Calera.
-EL SIRIRÍ-
Después de casi once horas de exposiciones queda un sabor agridulce al escuchar los diferentes actores inscritos para participar en la Audiencia Pública Ambiental que organizó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR dentro del proceso de evaluación que establecerá la viabilidad o no de prorrogar la concesión de aguas Manantial.
El agua embotellada Manantial se produce en siete manantiales de la Vereda Santa Helena del municipio de La Calera desde 1981 gracias a una concesión otorgada por la CAR a la Sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A - INDEGA S.A., nombre de la compañía que controla siete plantas de producción en este país de la marca Coca-Cola y sus demás productos.
Este año vence el plazo otorgado a Coca-Cola para la extracción de las aguas de Manantial, un proceso de prórroga que según la norma debe realizarse cada diez años. El trámite que anteriormente se desarrolló sin contratiempos, en esta ocasión ha coincidido con una de la más grandes emergencias por escasez del preciado líquido de la historia del municipio de La Calera que como se evidenció en la Audiencia Pública, mantiene a muchas familias campesinas sin acceso al líquido vital.
INDEGA S.A. como es su obligación, presentó a la CAR un informe hidrogeológico realizado por los ingenieros de HIDROGEOCOL que justificaría su operación y demostraría la ausencia de afectaciones de esta compañía en la escasez de agua del municipio apoyándose en por los menos siete tesis:
1. La recarga de agua que hace Coca-Cola en La Calera es independiente del sistema Chingaza:
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Dispositivas de la exposición de INDEGA S.A. |
Varias organizaciones especializadas respaldadas por el CAJAR y DeJUSTICIA coincidieron en debatir este informe hidrogeológico ante la evidencia de un agotamiento por el uso industrial de los nacimientos y las aguas de La Calera. Como terceros intervinientes evidenciaron datos erróneos, análisis y confusiones concebidas para beneficiar a Coca-Cola. Además señalaron graves irregularidades frente al aprovechamiento del cauce de la quebrada San Lorenzo y fuentes de aguas subterráneas que le pertenecen a la gente de la Calera, pero que acaban en botellas de plástico de un sólo uso en los escaparates de los supermercados del país.
Era de esperarse que la comunidad se manifestaría contra la prórroga, especialmente luego de la investigación publicada por la revista VORÁGINE donde se describe como Coca-Cola aprovecha 24 horas al día y siete días a la semana de este recurso sagrado, produciendo diariamente 279.000 litros de agua "alrededor de 101,8 millones de litros al año", según VORÁGINE, "lo suficiente para llenar 40 piscinas olímpicas". Sólo en 2016, que es el dato público más reciente, Coca-Cola extrajo cerca de 56,6 millones de litros y por ello pagó al municipio 607.501 pesos.
Esta enorme injusticia pronosticaba para la Audiencia Pública Ambiental que las comunidades se pronunciaran por su derecho de acceder a las aguas del municipio, pero lo que se evidenció fue un elaborado espectáculo a cargo de Coca-Cola.
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La lluvia fue protagonista de la Audiencia Pública Ambiental |
"No tener agua genera indignación"
El 15 de mayo en el parque principal de La Calera aparecieron desde las seis de la mañana buses encargados de llevar y traer gente del pueblo a la finca de los Trujillo, vereda Santa Helena, donde la CAR determinó se realizaría la Audiencia. Una finca que tenía para mostrar un sistema de aguas lluvias impulsado por la empresa junto a una cancha de micro en ruinas y unos juegos infantiles. Había un salón en donde se instaló el comedor y un potrero enorme en donde se levantó una carpa para mil personas y otras tres medianas, así como un sistema de sonido, batería de baños y cafetería.
Aunque se escuchó a la comunidad indígena Muisca que solicitaron una consulta previa y algunas voces de la academia, veedurías, organizaciones, sindicatos y campesinos, la mayoría de los intervinientes se mostraron vehementes defensores de Manantial y pidieron a la CAR prorrogar la licencia por la defensa del trabajo de 32 familias. El tema de la operación de la multinacional, de la explotación industrial y del impacto en el ecosistema fue evadida hábilmente y lo que vimos fue un desfile de actores con argumentos muy elaborados para defender y colmar de piropos a INDEGA S.A.
Así se fraguó el espectáculo. Un comercial de Coca-Cola que intentó hacernos creer que INDEGA S.A. es una empresa maravillosa que regala a los niños juguetes en navidad y ayuda a la gente a estudiar y progresar desinteresadamente. Pocos se atrevieron a denunciar que INDEGA S.A. se aprovecha de humedales y aguas subterráneas que comprometen el bienestar de la población y que en los municipios donde posee una planta embotelladora, como en La Calera, sus habitantes se ven afectados por la falta del preciado líquido sagrado y vital.
Del progreso que ha dejado la empresa, sólo es observar alrededor, ya que al estado de la vía (que ni siquiera tiene placahuella) se le suma la triste situación de las casas vecinas, la mayoría fincas ganaderas como lo comprobamos en el camino al predio de los Trujillo. Aún así los empleados de Coca-Cola hicieron lo suyo y lo que vimos fue una lavada de imagen de una empresa que se convierte de la noche a la mañana en protectores de bosques y ríos y promotores del ecoturismo en Santa Helena y Mundo Nuevo.
Extraño por lo menos es que los testimonios que utilizaron varios participantes, entre ellos una parlamentaría por Bogotá que vive en La Calera, confluyeran en juzgar a los "opositores" a la prórroga como falsos ambientalistas y mentirosos.
Sin prueba alguna, uno a uno desfilaron argumentos descalificadores e injuriosos contra quienes defienden las aguas para las nuevas generaciones y con pitos y vuvuzelas violentaban a quienes hablaran mal de Manantial. Muchos acusaban de una conspiración para cerrar la fábrica, cuando las voces contrarias solicitaron una revisión del concesión y las debidas compensaciones según las leyes y la Constitución.
La situación tensa que se llevó a lo largo de la Audiencia llega a preocupar, pues podría tratarse de una estrategia de violencia contra todos que se opongan a los intereses de la empresa. Inclusive, la Defensoría del Pueblo denunció que se estaban repartiendo difamatorios contra el Concejal Javier Cifuentes, donde lo acusan de drogadicto.
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Panfleto repartido en la Audiencia. |
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Paula Lucía Barrera, una de las casi trescientas personas inscritas en la página que habilitó la CAR para participar en la Audiencia Pública Ambiental, debió esperar todo el día y cuando fue su turno, casi a alas ocho de la noche. en los escasos tres minutos permitidos para la intervención dijo esto:
"Yo no estoy ni a favor ni en contra. Desde la Audiencia de Preparación se los dijimos al jurídico de la CAR, no sentíamos garantías Mi papá nació en esta vereda, vivió acá desde su niñez y trabajó aquí en Santa Helena y tenemos nacimientos, los protegemos, pero como dice la comunidad, no es fácil vivir de la tierra. Lo que nos tiene aquí es el desarrollo desmedido de la construcción y la CAR ha sido responsable de no controlar y por eso hoy carecemos de agua. Como habitante de La Calera hemos tenido que recoger el agua".
Antes de ser interrumpida por las vuvuzelas de los empleados de Manantial que implacables controlaban el tiempo de participación, alcanzó a decir: "Estoy de lado de los trabajadores, de los derechos al trabajo. Hoy tienen beneficios los trabajadores de Manantial que les dieron el día libre para venir aquí, cuando muchos aquí han vivido en las condiciones de levantarse y no poder bañarse y cocinar. No tener agua genera indignación. Así como defendemos el derecho al trabajo de 32 familias, pongámonos del lado de los que tiene que salir a buscar agua en un carrotanque. Yo no veo garantías en la participación ciudadana. Este no era el escenario..."
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