Antes de que todo pase: La amenaza de la minería en la Provincia de Oriente de Cundinamarca

Cantera en Ciudad Bolívar -Bogotá. Foto: Luisa Tovar

Por Carolina Rodríguez Méndez

 Yakucunamanta (De los ríos)

 Navegando sobre un río silencios

dijo un hermano: 

«Si los ríos pudieran hablar,

cuánta historia contarían...».

Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa:

«La historia es tan miserable

que los ríos prefieren callar...».

Wiñay Mallki (Fredy Chikangana), poeta wuchua

Antes de que todo pase, es preciso recordar qué sucede en los territorios cuando se inicia la actividad minera. Entre los principales impactos están la destrucción del suelo, la contaminación de las aguas y el aire, el daño causado a los ecosistemas los efectos negativos en la salud de las personas que viven cerca a las zonas explotadas y el desplazamiento forzado de la población. 

Tristemente, algunas regiones del mundo ya han sufrido las consecuencias —que no son pocas— y que, en muchas ocasiones, no tienen marcha atrás. Es el caso de la comunidad de San Sebastián de Choropampa y San Juan, en Cajamarca (Perú), donde hubo un derrame de mercurio elemental —un metal pesado que se utiliza para separar materiales, como roca o arena— que provocó la intoxicación de unas 1,200 personas, incluyendo adultos(as) y niños(as). Asimismo, se contaminaron ríos, cauces, flora y fauna.

 No hay que ir tan lejos para observar los efectos de la minería. Tenemos como muestra la explotación en Ciudad Bolívar, con grandes efectos ambientales y a la salud humana, o los cráteres gigantes que han generado Holcim y Cemex en las localidades de Tunjuelito y Usme en el sur de Bogotá. Son profundas excavaciones que han variado el equilibrio del terreno, han generado grietas, hundimientos, deslizamientos, daños en la salud humana y han desviado el río Tunjuelito y robado parte de su cauce, causando daños ambientales incalculables. Es un paisaje devastado.

Ante los graves perjuicios que puede generar la actividad minera en el territorio y la alerta de explotación en la Provincia de Oriente de Cundinamarca, varios sectores se han movilizado en contra de la exploración y la explotación minera en la región. El Comité de Gestión Ambiental de Ubaque, por ejemplo, viene adelantando acciones desde 2019, cuando organizó el Gran foro “No a la minería, sí al agua en Ubaque” el 15 de septiembre, el cual se celebró en la Casa Cultural Jaime Pardo Leal y al que asistieron unas 600 personas, como respuesta al Acta del 8 de agosto de 2017 de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual afirma que el 82 % del municipio tiene aptitud minera. Asimismo, el Comité invitó a los(as) candidatos(as) a la Alcaldía del momento para que firmasen un Acuerdo programático contra la minería y a favor de la conservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente en el municipio, logrando que la mayoría de candidatos se comprometieran a no promover la extracción minera ni a incluir el uso minero del suelo en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).  

Durante el último mes se han prendido las alarmas ante la posibilidad de que se dé viabilidad a nueve concesiones de explotación minera que afectarían, en sumatoria, cerca de 1,700 hectáreas de los municipios de  Choachí y de Ubaque. Entre estas concesiones se encuentra una solicitada por Cemex de más de 600 hectáreas de extensión. La entidad advierte, en acta firmada entre la misma ANM y la Alcaldía municipal el 1° de febrero de 2021, que el 68,6 % del área del municipio de Choachí es susceptible de explotación minera. 

Por tanto, la ANM procedió a fijar una audiencia informativa para presentar las propuestas de los contratos de concesión a las organizaciones sociales y a la comunidad del municipio. La audiencia se realizaría el 21 de abril en el auditorio del Colegio Laureano Gómez, pero, gracias a la presión de la comunidad —ante el intento de funcionarios(as) de la ANM de cerrar la convocatoria y hacer la reunión a puerta cerrada con baja asistencia—,tuvieron que cancelar el evento y la Defensoría del Pueblo redactó una queja formal constatando las anomalías en los procedimientos y prácticas de la ANM, que buscaban negar la participación ciudadana. Por su parte, Carlos Velázquez, alcalde de Choachí, afirmó públicamente que él no había convocado ni organizado la reunión, reiterando que la política del gobierno municipal no contempla la explotación minera.

Por otro lado, el concejal Fabio Pardo convocó al Concejo de Choachí a sesión extraordinaria el 6 de mayo de 2022 para tratar este tema. Durante la sesión, fue claro que no hay un consenso entre los(as) cabildantes, solamente tres afirmaron estar en contra de cualquier proyecto de explotación minera en el territorio: Yaneth Triviño, Carolina Garzón y Yenny Díaz. Los(as) demás asumieron posturas “neutrales” o a favor de la minería, aumentando la preocupación de la ciudadanía, que esperaba una oposición general a la explotación minera en esta instancia política.

Así las cosas, es claro que hay procesos en curso para aprobar varios proyectos mineros que ya están en fases avanzadas, cerca de ser aprobados en Choachí y Ubaque, y que es la comunidad —como suele suceder aquí y en muchas partes del mundo— la que tiene que salir en defensa de sus derechos ambientales, del territorio y de una vida libre de los efectos nocivos de la minería.

Una invitación 

El silencio y la voz son dos fuerzas que han bailado entre sí de maneras variadas a lo largo de la historia. Si bien el horror, eso que tanto cuesta nombrar, puede llegar a enmudecernos, también es cierto que una voz firme y determinada puede aflorar cuando ya ha sido demasiado.

Es así como la exigencia de la justicia —cuando vulneran nuestros derechos como comunidades e individuos— atraviesa nuestros cuerpos y territorios, y se materializa en voces, movimientos y acciones que reclaman formas viables que promuevan y garanticen el buen vivir de las y los afectados, así como una reparación integral. Hoy más que nunca, es urgente hablar de la justicia ambiental, lucha que surgió desde la década de 1980, cuando la población del condado de Warren, en Carolina del Norte (Estados Unidos) —que era mayoritariamente pobre y afro— se resistió a la ubicación intencional de lugares de depósito o producción de desechos contaminantes en los sitios donde vivían o trabajaban, sin que tuviesen en cuenta las consecuencias que dicha situación traería para ellas y ellos. 

Desde entonces, diversas comunidades en el mundo han empezado a exigir justicia ambiental, según los desafíos que experimentan en sus contextos locales. En el caso de América Latina, se hace cada vez más claro que quienes “soportan, en mayor grado, los efectos de la contaminación, las condiciones sanitarias deficientes, la escasez de recursos naturales, la ausencia de servicios públicos o los accidentes ambientales son, por lo general, los habitantes de las zonas más marginales de las ciudades o los campesinos de menores ingresos en los países del sur. Los problemas ambientales que soportan u ocasionan no pueden desligarse de sus condiciones económicas de existencia”, tal como afirma Rodolfo Quintero, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. 

Ya que existen individuos, grupos o instituciones que acostumbran “apropiarse” de elementos del ambiente que no les pertenecen, es necesario hablar de los derechos ambientales, que incluyen a los seres humanos y no humanos, y se basan en la solidaridad y la responsabilidad de ponerle límite a los daños ambientales ocasionados por el Estado y las corporaciones —que, en su mayoría, provienen de los países del Norte —, y que generan invaluables deudas ambientales y sociales que afectan gravemente a la generación presente y a las venideras.