¿Qué hay detrás de anuncio del gobernador que Procuradoría logró "destrabar proyecto Perimetral de Oriente"?

El 16 de junio el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos publicó en sus redes sociales que la Procuraduría General de la Nación "destrabó" la Perimetral. ¿Qué significa esto?

Consultamos al abogado especialista Ricardo Perdomo, en su rol de veedor y auditor ciudadano no le sorprende el pronunciamiento del gobernador. "Van casi dos años en que estamos en el marco de una estrategia de control participativo llamada Compromiso Colombia donde la comunidad ha pedido a la Contraloría ser escuchados, sin suerte, igual sucede con la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, Olga Lucía Patín, pues luego del anuncio en redes del gobernador García no responde a la solicitud de un encuentro, cuando sabemos que actores públicos como el caso del representante a la Cámara Buenaventura León ha participado de este espacio" (Ver audiencia).

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La historia de este proyecto inicia el 29 de octubre de 2013  mediante Resolución 1187 y que dio  apertura del proceso de Licitación No. VJ-VE-IP-LP-010-2013, donde la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI seleccionó la oferta más "favorable" para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema de APP - Asociación Público Privada, para el trazado entre el Municipio de Sopó y el Municipio de Cáqueza, proyecto que acabó llamándose Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 

El Contrato 002 del 2014 se suscribe teniendo por el lado público, a la ANI, que tiene entre sus obligaciones las de "asistir en la planeación, coordinación, ejecución, administración y evaluación de proyectos de Concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP.". Por el sector privado se encuentra la Empresa POB S.A.S,  que como concesionario realiza "a su cuenta y riesgo la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del Corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato".  La ANI expidió la Resolución No. 992 del 23 de julio de 2014, que llevó a la adjudicación mediante licitación pública a la Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DEL BOGOTA S.A.S. - POB a quien llaman en el documento “Concesionario”. 

En el caso de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, el abogado observa que en términos de la gestión administrativa la ANI se califica de "excelencia" en la gestión de sus funciones y prodigan el cumplimiento ejemplar en todos sus deberes. Sin embargo la ANI y el Concesionario POB suscribieron el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP de iniciativa pública No. 002 de 2014 del 8 de septiembre de 2014, el cual hoy se encuentra bajo un evento eximente de responsabilidad en las unidades funcionales 4 y 5 y variante de Choachí. Es decir, suspendida en más del 50% de la obra sobre el trazado no objetado por la interventoría .

Perdomo acota que "de conformidad con la Sección 2.1 del Apéndice Técnico 1: El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es desarrollar y potenciar un eje viario norte-sur en el sector oriental de Bogotá con el objeto de plantear una alternativa de movilidad en este enclave geográfico, esto no se está cumpliendo y menos la posibilidad de la descongestión de vehículos pesados que entran a la ciudad de Bogotá por el sur oriente" situación que denunciaron a la administración de la capital y que les amerito obtener un premio del control social emitido por la Veeduría Distrital de Bogotá en el 2019. 

El abogado enfatiza que la configuración que se plantea iniciándose en torno al municipio de Sopó y finalizando a la altura del municipio de Cáqueza conectando con la vía Bogotá – Villavicencio, al día de hoy no se tienen los supuestos beneficios e interconexión municipal de esta obra (entre La Calera y Cáqueza). Todo esto por los problemas del diseño del trazado actual, que reconoció la ANI en el Concejo Municipal de Choachí, en sesión donde el presidente encargado de esta Agencia, Luis Eduardo Gutiérrez, lo mencionó el 22 de agosto de 2018.

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Luis Eduardo Gutiérrez de la ANI en el Concejo de Choachí. Foto: EL SIRIRÍ

Para el abogado, "atendiendo al contenido de la Parte Especial del Contrato de Concesión, en la Unidad Funcional #4 se debe ejecutar una intervención de mejoramiento sobre 31 kms en el sector La Calera - Choachí. En la Unidad Funcional #5 se debe desarrollar una intervención de mejoramiento y construcción sobre 27.85 kms en el sector de Choachí - Cáqueza - Variante de Choachí, que siguen a hoy, a pesar del pronunciamiento del gobernador bajo el evento eximente de responsabilidad-EER, puesto que está pendiente una cita con las autoridades ambientales competentes de esta parte del trazado". También el abogado nos anunció que para los próximos días, primeros del mes de julio, han sido convocados a participar a una reunión previa para atender una próxima cita con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y Corporaciones Autónomas en lo referente a estos temas.

"La ANI que de conformidad con la información de la interventoría y el concesionario, ha declarado que estas intervenciones representan un 58.46% del total de las inversiones del Proyecto", comenta Ricardo Perdomo. "Las comunidades de la Provincia de Oriente organizadas mediante comités y veedurías ciudadanas, incluso cualificándose en Auditorias Ciudadanas durante la Fase de Construcción del proyecto, presentaron una serie de quejas de la zona de influencia directa de las Unidades Funcionales 4 y 5, que advirtieron por un lado los temas de gestión del riesgo que todavía están sin resolverse, lo que sugiere que aquí tenemos una alerta temprana y por el otro, la pre existencia de afloramientos hídricos con calidad presuntamente de manantiales o nacederos". 

Sobre el tema hídrico, el Concesionario contrató una universidad privada y una empresa independiente para la elaboración de los estudios necesarios conducentes a determinar la naturaleza de los puntos hídricos advertidos por la comunidad, así como otros por la Interventoría. En principio se listaron un total de 23 puntos advertidos por la comunidad de la Calera, Ubaque y Choachí que requerían ser analizados. Posteriormente el consultor contratado por el Concesionario SIAM S.A.S. presentó en abril de 2018 ante la ANI, los resultados del estudio que confirmó la existencia de 60 nacederos que se suman a los seis manantiales que previamente fueron identificados en un estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana. 

"Significa entonces que se establecieron un total de 66 manantiales a lo largo de las Unidades Funcionales 4, 5  y la Variante del Proyecto", nos dice el jurista. "Lo anterior, concluyó en el reconocimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad a partir del 1 de agosto de 2018, que suspendió para el Concesionario la obligación de ejecutar las Intervenciones establecidas en el Contrato de Concesión y sus Apéndices, en relación con las Unidades Funcionales 4 y 5, hasta tanto se surtieran una serie de obligaciones contractuales que atiendan la situación presentada. Desde el 31 de octubre del 2017, existe entonces en estos tramos ya mencionados el evento eximente de responsabilidad. Llama la atención de cómo se juegan con los derechos y los tiempos de las comunidades siguen afectadas, ejemplo, sus predios, la movilidad y otros derechos, que afectan el cumplimiento de deberes que asumen los ciudadanos en su día a día y que esos no se tienen en cuenta ni por las autoridades administrativas ni por el concesionario como daños y/o perjuicios causados".

Sobre el pronunciamiento del Gobernador, el doctor Perdomo comenta que existe la estrategia de control social Compromiso Colombia que lidera la Contraloría General de la República -CGN y en donde se incluyó la necesidad de contar con el pronunciamiento formal por parte de las Autoridades Ambientales competentes a fin de determinar la viabilidad del corredor, previa presentación de medidas de mitigación que garantizarán la no afectación de los manantiales y/o nacederos listados en los estudios.

"No conocemos el concepto o documento técnico" indica el abogado, "además del permiso pendiente que tienen las partes frente a la estación de peaje que se planteó instalar en el Páramo de Cruz Verde, la cual generó varias quejas de la comunidad y que finalmente fue revocada vía tutela. Sobre la Resolución de Delimitación es un tema que está pendiente y queremos ver cómo se le da solución; junto a las tarifas diferenciales que trae la ley, las cuales como veeduría hemos reclamado para otras unidades funcionales, como por ejemplo en los municipios de Calera y Guatavita. Estamos pidiendo las citas pertinentes ante los entes de control y dando aviso a los jueces donde cursan algunas acciones judiciales" manifiesta el representante de la Veeduría y Auditoría Ciudadana a este proyecto de infraestructura vial.

¿Qué podemos esperar? Por una parte, el cumplimiento de la Resolución 027 de 2019 donde se prevé entre otras estrategias, que la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante oficio Radicado ANI No. 20207050175131 de fecha 23-06-2020 solicitó: “… la inscripción del proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca dentro del mecanismo denominado “Compromiso Colombia” con el fin de buscar una solución efectiva al desarrollo de este proyecto, con el apoyo y el especial seguimiento que nos pueda brindar la Contraloría General de la República, según lo considere su despacho”. Expone la ANI en su solicitud que: “… este proyecto se encuentra en un estado crítico en la medida en que, a partir de la declaratoria del Evento Eximente de Responsabilidad de agosto de 2018, el Concesionario suspendió las intervenciones previstas en el Contrato de Concesión para las Unidades Funcionales 4 y 5, lo cual impide su desarrollo oportuno".

Agrega, que la CGN debe responder ya que en este oficio se fija "el propósito de la solicitud, se describe en los siguientes términos: Con el especial seguimiento que nos pueda brindar la Contraloría General de la República a través de Compromiso Colombia se podrán definir acciones claras a ejecutar con los actores involucrados, y así obtener resultados en el corto plazo”

Al tenerse en cuenta las competencias de la CGN respecto de la mencionada Resolución, en cuanto a que es clara en determinar que: “En todo caso, la Contraloría General de la República no sugerirá, recomendará ni avalará fórmula de arreglo; su participación en esa diligencia se limitará a ser un facilitador institucional, sin que esto excluya futuras acciones de control fiscal conducentes a la evaluación de la gestión y resultados de las entidades públicas y particulares que administren recursos de la Nación y/o el inicio de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal por los hechos que afecten el patrimonio público.”. 

Esto lo que entraña es la independencia de las acciones preventivas de las acciones fiscales tendientes a definir posibles responsabilidades de los Gestores Fiscales, las cuales se deberán adelantar de conformidad con lo previsto en la Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías” que es donde la Veeduría y Auditoria Ciudadana han colocado las quejas y peticiones.

Además, comenta el doctor Ricardo Perdomo, "esperamos frente a las posibles situaciones de incumplimiento de los compromisos adquiridos por los gestores fiscales responsables de la ejecución del proyecto, y la REG-ORG- 0027, que establece el trámite que deberá surtirse una vez se tenga por concluida la actuación bajo la estrategia Compromiso Colombia con el envío del informe a Control Fiscal Micro".

Es decir, el cumplimiento del artículo 17 de resolución ya citada, que establece que "una vez concluida la mesa de diálogo y el posterior seguimiento, si hubo lugar a este, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana generará un informe dirigido a la Contraloría Delegada Sectorial o Gerencia Departamental correspondiente, indicando el estado de la gestión fiscal del asunto en cuestión, los riesgos identificados y la administración de los mismos, las garantías otorgadas y las oportunidades de mejora detectadas, entre otros aspectos que agreguen valor y focalicen el ejercicio posterior del control fiscal micro".

El anuncio del gobernador en un trino de Twitter resulta especulativo, cuando este informe no se conoce aún . La pregunta es: ¿Cuándo conoceremos este documento? Las comunidades del Oriente de Cundinamarca estamos esperando atentos el desarrollo de esta noticia.