Agroecologizar la política: avances y retos de la construcción colectiva de una política pública para la Agroecologia en Colombia
Por Julián Vivas García*
La agroecología nace como una respuesta al deterioro ambiental causado por un tipo de agricultura que pone el lucro por encima de la vida. Para esto, centra sus intereses en los saberes y prácticas agrícolas que durante milenios han coexistido armónicamente con ecosistemas agrarios específicos. Pero en su proceso de consolidación como movimiento social y como campo de estudio, la agroecología ha buscado trascender el problema puramente técnico de los equilibrios ecológicos para preocuparse por la justicia social y la viabilidad económica de todo el sistema de producción, distribución y consumo agrícola y pecuario.
Al tiempo que se vuelven más evidentes las muestras de que muchas actividades agrícolas contemporáneas participan decididamente en los procesos de deforestación, salinización, compactación de suelos o pérdida de biodiversidad (1), así como en el aumento de la morbilidad de grandes sectores de la población, un movimiento social global se consolida alrededor del reclamo y las propuestas para alcanzar la soberanía alimentaria a través de la agroecología (Declaración de Nyéléni, Malí, 2007).
Tales reclamos han permitido, por ejemplo, que una serie de organismos internacionales como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial o el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria (GANESAN), ambos dependientes de la FAO, reconozcan recientemente a la agroecología en el fortalecimiento de la producción sostenible, la agricultura familiar o la resiliencia al cambio climático, provocando a su vez que los sucesivos simposios de la FAO de los últimos años se orienten especialmente a tratar de vincular a la agroecología con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la misma manera, en el año 2014 la agroecología fue incluida en la Declaración Ministerial y Planes de acción del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) como una vía para el desarrollo rural en América Latina.
Con este reciente proceso de institucionalización de la agroecología, que incluye también el surgimiento, durante la primera década de este siglo, de políticas públicas dentro de los marcos normativos de países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela y Nicaragua, se han despertado muchos interrogantes sobre las vías ofrecidas por el Estado y los organismos supranacionales para escalar la agroecología en el marco de la actual etapa de capitalismo globalizado. Las preocupaciones por el riesgo de cooptación de las organizaciones sociales que la promueven y desarrollan, o la banalización del profundo significado de la agroecología, limitando su alcance al estímulo de la producción orgánica, hacen parte de este escenario de paulatina transformación de la agricultura convencional (Giraldo y McCune, 2019).
Podemos decir por el momento que, sopesando estos riesgos latentes en su proceso de posicionamiento dentro de la agenda pública internacional, la agroecología enfrenta hoy el reto de mantener su postura crítica y su estatus contrahegemónico al tiempo que aprovecha las ventajas que puede tener la institucionalidad pública en la tarea de remover los históricos obstáculos que impiden una mayor expansión de las propuestas agroecológicas.
Hoy parece necesario que, para mantener esta esencia crítica con la que nace signada la agroecología, la política pública que la incentiva debe poner en el centro de su acción a la capacidad de autodeterminación de los territorios construidos por campesinos, indígenas, o comunidades afrodescendientes.
Ello implica, por lo menos, el diseño de un tipo de políticas e instituciones que regulen el papel del mercado y permitan que los flujos económicos sean apropiados en los mismos territorios en donde se producen, a través de la gobernanza de los bienes comunes, así como de la revalorización de las relaciones de cooperación y reciprocidad presentes en las sociedades rurales. En este sentido las economías mutuales o solidarias juegan un papel fundamental.
También, implica un diálogo entre diferentes formas de conocimiento, incluso con aquellas que se expresan en las concepciones tradicionales del desarrollo agrario, como una condición necesaria para reinventar las políticas convencionales de investigación y transferencia tecnológica para el campo, pero también para superar la visión sectorial y avanzar hacia una política que integre aspectos relacionados con la salud, el medio ambiente y la educación, especialmente la educación de los consumidores, quienes son también actores clave en la transformación del sistema agroalimentario.
No menos importante se hace necesario considerar que sin un fortalecimiento de los procesos organizativos territoriales y sin una reivindicación del papel de los jóvenes y de las mujeres rurales, es probable que una política pública para la agroecología se limite a promover una simple ecologización de la agricultura convencional, manteniendo intactas las relaciones de inequidad. Avances en la construcción participativa de política pública para la agroecología en Colombia. En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz crea un punto de inflexión en la visión hacia el campo colombiano. Este hito, junto a la amplia movilización social y el incipiente posicionamiento de la agricultura familiar en la agenda pública, permitieron la reciente formulación de los Lineamientos Estratégicos de Política Pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Resolución 464 de 2017), en donde se incluye una buena cantidad de elementos a favor de la promoción de los saberes y las prácticas agroecológicas.
A partir de la formulación allí de una estrategia para la promoción de sistemas productivos sostenibles, la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), con el apoyo de Swissaid, y GIZ, tomaron la iniciativa de organizar una serie de talleres regionales con amplia participación de organizaciones sociales y de agricultores que tuvieron como objetivo discutir sobre cuáles deberían ser los lineamientos y mecanismos de una política pública para la Agroecología en Colombia. En total, ocho talleres regionales desarrollados durante 2018 permitieron recoger un conjunto de propuestas que fueron presentadas y discutidas en el Seminario Internacional de Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales, realizado en agosto de este año.(2)
De esta manera se ha avanzado en la estructuración de unos ejes y unas estrategias para promover la agroecología en Colombia. Este es un camino que aún no termina. Pero muchas organizaciones sociales coinciden en adoptar un concepto de agroecología que parta de las particularidades territoriales, que sea amplio e incluyente, que reconozca que existen múltiples formas de hacer agroecología, y a partir de allí seguir avanzando hacia un conjunto de transformaciones que, por el momento, podrían sintetizarse, de manera muy general, de la siguiente manera:
• Estrategias para promover la producción agroecológica. Las economías locales deben estar al servicio de un objetivo central: la permanencia de las familias campesinas en los diferentes territorios en condiciones de bienestar. El fortalecimiento de estas economías pasa por una promoción activa, permanente y estable del cooperativismo y la economía solidaria a través de estrategias como la educación en economía solidaria, la promoción de asociaciones de productores agroecológicos, así como la creación de formas mutuales de crédito y protección social.
Dentro de los mecanismos para acceder a la tierra y a otros medios de producción, las semillas ocupan un lugar especial; estas se deben excluir de cualquier tipo de propiedad intelectual al tiempo que se promueven estrategias relacionadas con la custodia y conservación de las semillas nativas.
• Estrategias para el uso y la conservación de recursos naturales. Para avanzar hacia la agroecología resulta importante el fortalecimiento y la democratización de los mecanismos de planificación y la regulación ambiental, al tiempo que se adoptan en los territorios instrumentos de gestión ambiental para la conservación de los agroecosistemas y sus servicios ambientales, para la difusión de saberes y prácticas agroecológicas, y para revertir las pérdidas de diversidad genética ligadas a la agricultura.
• Mujeres y jóvenes rurales dentro de la política agroecológica. Las mujeres rurales juegan un papel fundamental en la protección de la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria. Sin embargo, la histórica exclusión de la que han sido objeto obliga a una serie de acciones afirmativas que permitan el efectivo goce de derechos sociales y económicos, a través de programas que dignifiquen las condiciones del entorno de las familias rurales (vivienda, salud, educación), que posibiliten una mayor participación política en espacios de planificación y decisión, y que reconozcan su papel en la custodia de semillas y de conocimientos tradicionales. También se hace necesario ampliar la incidencia de políticas que eviten la violencia contra las mujeres hacia las áreas rurales.
Los jóvenes también son protagonistas de la transición hacia la agroecología, de manera que se hace necesario su inclusión a través de estrategias que promuevan el diálogo intergeneracional, que generen oportunidades para su permanencia en los territorios rurales a partir de programas que involucren el mejoramiento de sus condiciones de vida, el acceso a la educación, el uso de TICs y la innovación.
• Reformas institucionales para la promoción de la agroecología en Colombia. En este sentido la preocupación se centra, por un lado, en el desempeño de las instituciones que afectan las prácticas agroecológicas: la planeación participativa, los mecanismos de control social, y los mecanismos de articulación interinstitucional, especialmente en las áreas de salud, ambiente, educación y agricultura, son algunos de los aspectos que resulta necesario consolidar para el avance de la agroecología en los territorios.
Por otro lado, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de redes territoriales de productores y consumidores, parece una condición tanto para los procesos de articulación con el Estado, como para la ejecución de políticas públicas para la agroecología.
• Distribución, consumo y sistemas participativos de garantía. La comercialización aparece como un campo fértil para sembrar la agroecología. Allí deben converger consumidores más informados y responsables, con una amplia gama de estrategias como: el mejoramiento de vías de comunicación, el fomento a la creación de circuitos cortos de comercialización, las compras públicas locales, las marcas propias locales, los sellos de confianza, los encuentros gastronómicos, los sellos de cero kilómetros, el fortalecimiento de los mercados campesinos, o los canales digitales de comercialización. La asociatividad aparece nuevamente como un elemento transversal para la dinamización de procesos alternativos de transformación y diversificación de productos agroecológicos.
• Los saberes, el conocimiento y la educación en la transformación agroecológica. La palabra clave acá es dialogo. Las estrategias de educación, investigación y difusión de la agroecología tienen como fundamento la interacción de los saberes locales, tradicionales, empíricos y ancestrales en áreas que generalmente se ven aisladas, lo ambiental, lo territorial, cultural, tecnológico, científico, o lo económico, pero que en función de la agroecología deben establecer sinergias. En el mismo sentido de avanzar la educación, desde preescolar hasta la técnica o la universitaria, al igual que un nuevo modelo de extensión de base agroecológica.
Evidentemente, el camino de cada una de estas propuestas dentro del campo de las relaciones de poder y las “voluntades políticas” no es fácil. Sin embargo, vale la pena recordar que el Estado no es un ente monolítico, y que la capacidad de movilización y de incidencia política de las organizaciones sociales se pone a prueba en este escenario de transformación.
Bibliografía
Declaración de Nyéléni, Malí. (2007). Recuperado de:
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_Nyeleni_-_Declaracion_final.pdf
Giraldo, O. F., y N, McCune. (2019). Can the state takeagroecology to scale? Public policy experiences in agroecological territorialization from Latin America. Agroecology and Sustainable Food Systems, 43(4). Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21683565.2019.1585402
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017). Resolución 464 Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones”.
* Docente Universidad Externado de Colombia. Candidato a Doctor en Agroecologia, Universidad Nacional de Colombia. El autor agradece al equipo organizador del Seminario Internacional Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales por la sistematización de la información contenida en la última parte de este artículo. C.e: javivasg@unal.edu.co. Artículo publicado en Revista Semillas: https://www.semillas.org.co/es/revista/agroecologizar-la-poltica
(1) Para Colombia puede verse, por ejemplo: IDEAM. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. En: Segunda Comunicación Nacional Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Colombia 2014.
(2) Los talleres regionales se realizaron en los departamentos de Boyacá, Sucre, Bogotá, Risaralda, Caldas, Meta, Valle del Cauca y Caquetá. El Seminario Internacional Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales, realizado en Bogotá entre el 22 y el 24 de agosto de 2019, fue convocado por la Universidad Nacional de Colombia, la Red Nacional de Agricultura Familiar, y el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. En este participaron alrededor de 250 personas, provenientes de un número similar de organizaciones campesinas, comunitarias, de mujeres, de productores, ambientalistas y de educadoras de todo el país, además de instituciones oficiales, gremios de la producción, universidades y organismos de cooperación internacional. Las discusiones fueron lideradas por cerca de 35 panelistas, nacionales e internacionales, pertenecientes a la academia, el gobierno y las organizaciones sociales.
La agroecología nace como una respuesta al deterioro ambiental causado por un tipo de agricultura que pone el lucro por encima de la vida. Para esto, centra sus intereses en los saberes y prácticas agrícolas que durante milenios han coexistido armónicamente con ecosistemas agrarios específicos. Pero en su proceso de consolidación como movimiento social y como campo de estudio, la agroecología ha buscado trascender el problema puramente técnico de los equilibrios ecológicos para preocuparse por la justicia social y la viabilidad económica de todo el sistema de producción, distribución y consumo agrícola y pecuario.
Al tiempo que se vuelven más evidentes las muestras de que muchas actividades agrícolas contemporáneas participan decididamente en los procesos de deforestación, salinización, compactación de suelos o pérdida de biodiversidad (1), así como en el aumento de la morbilidad de grandes sectores de la población, un movimiento social global se consolida alrededor del reclamo y las propuestas para alcanzar la soberanía alimentaria a través de la agroecología (Declaración de Nyéléni, Malí, 2007).
Tales reclamos han permitido, por ejemplo, que una serie de organismos internacionales como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial o el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria (GANESAN), ambos dependientes de la FAO, reconozcan recientemente a la agroecología en el fortalecimiento de la producción sostenible, la agricultura familiar o la resiliencia al cambio climático, provocando a su vez que los sucesivos simposios de la FAO de los últimos años se orienten especialmente a tratar de vincular a la agroecología con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la misma manera, en el año 2014 la agroecología fue incluida en la Declaración Ministerial y Planes de acción del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) como una vía para el desarrollo rural en América Latina.
Con este reciente proceso de institucionalización de la agroecología, que incluye también el surgimiento, durante la primera década de este siglo, de políticas públicas dentro de los marcos normativos de países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela y Nicaragua, se han despertado muchos interrogantes sobre las vías ofrecidas por el Estado y los organismos supranacionales para escalar la agroecología en el marco de la actual etapa de capitalismo globalizado. Las preocupaciones por el riesgo de cooptación de las organizaciones sociales que la promueven y desarrollan, o la banalización del profundo significado de la agroecología, limitando su alcance al estímulo de la producción orgánica, hacen parte de este escenario de paulatina transformación de la agricultura convencional (Giraldo y McCune, 2019).
Podemos decir por el momento que, sopesando estos riesgos latentes en su proceso de posicionamiento dentro de la agenda pública internacional, la agroecología enfrenta hoy el reto de mantener su postura crítica y su estatus contrahegemónico al tiempo que aprovecha las ventajas que puede tener la institucionalidad pública en la tarea de remover los históricos obstáculos que impiden una mayor expansión de las propuestas agroecológicas.
Hoy parece necesario que, para mantener esta esencia crítica con la que nace signada la agroecología, la política pública que la incentiva debe poner en el centro de su acción a la capacidad de autodeterminación de los territorios construidos por campesinos, indígenas, o comunidades afrodescendientes.
Ello implica, por lo menos, el diseño de un tipo de políticas e instituciones que regulen el papel del mercado y permitan que los flujos económicos sean apropiados en los mismos territorios en donde se producen, a través de la gobernanza de los bienes comunes, así como de la revalorización de las relaciones de cooperación y reciprocidad presentes en las sociedades rurales. En este sentido las economías mutuales o solidarias juegan un papel fundamental.
También, implica un diálogo entre diferentes formas de conocimiento, incluso con aquellas que se expresan en las concepciones tradicionales del desarrollo agrario, como una condición necesaria para reinventar las políticas convencionales de investigación y transferencia tecnológica para el campo, pero también para superar la visión sectorial y avanzar hacia una política que integre aspectos relacionados con la salud, el medio ambiente y la educación, especialmente la educación de los consumidores, quienes son también actores clave en la transformación del sistema agroalimentario.
No menos importante se hace necesario considerar que sin un fortalecimiento de los procesos organizativos territoriales y sin una reivindicación del papel de los jóvenes y de las mujeres rurales, es probable que una política pública para la agroecología se limite a promover una simple ecologización de la agricultura convencional, manteniendo intactas las relaciones de inequidad. Avances en la construcción participativa de política pública para la agroecología en Colombia. En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz crea un punto de inflexión en la visión hacia el campo colombiano. Este hito, junto a la amplia movilización social y el incipiente posicionamiento de la agricultura familiar en la agenda pública, permitieron la reciente formulación de los Lineamientos Estratégicos de Política Pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Resolución 464 de 2017), en donde se incluye una buena cantidad de elementos a favor de la promoción de los saberes y las prácticas agroecológicas.
A partir de la formulación allí de una estrategia para la promoción de sistemas productivos sostenibles, la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), con el apoyo de Swissaid, y GIZ, tomaron la iniciativa de organizar una serie de talleres regionales con amplia participación de organizaciones sociales y de agricultores que tuvieron como objetivo discutir sobre cuáles deberían ser los lineamientos y mecanismos de una política pública para la Agroecología en Colombia. En total, ocho talleres regionales desarrollados durante 2018 permitieron recoger un conjunto de propuestas que fueron presentadas y discutidas en el Seminario Internacional de Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales, realizado en agosto de este año.(2)
De esta manera se ha avanzado en la estructuración de unos ejes y unas estrategias para promover la agroecología en Colombia. Este es un camino que aún no termina. Pero muchas organizaciones sociales coinciden en adoptar un concepto de agroecología que parta de las particularidades territoriales, que sea amplio e incluyente, que reconozca que existen múltiples formas de hacer agroecología, y a partir de allí seguir avanzando hacia un conjunto de transformaciones que, por el momento, podrían sintetizarse, de manera muy general, de la siguiente manera:
• Estrategias para promover la producción agroecológica. Las economías locales deben estar al servicio de un objetivo central: la permanencia de las familias campesinas en los diferentes territorios en condiciones de bienestar. El fortalecimiento de estas economías pasa por una promoción activa, permanente y estable del cooperativismo y la economía solidaria a través de estrategias como la educación en economía solidaria, la promoción de asociaciones de productores agroecológicos, así como la creación de formas mutuales de crédito y protección social.
Dentro de los mecanismos para acceder a la tierra y a otros medios de producción, las semillas ocupan un lugar especial; estas se deben excluir de cualquier tipo de propiedad intelectual al tiempo que se promueven estrategias relacionadas con la custodia y conservación de las semillas nativas.
• Estrategias para el uso y la conservación de recursos naturales. Para avanzar hacia la agroecología resulta importante el fortalecimiento y la democratización de los mecanismos de planificación y la regulación ambiental, al tiempo que se adoptan en los territorios instrumentos de gestión ambiental para la conservación de los agroecosistemas y sus servicios ambientales, para la difusión de saberes y prácticas agroecológicas, y para revertir las pérdidas de diversidad genética ligadas a la agricultura.
• Mujeres y jóvenes rurales dentro de la política agroecológica. Las mujeres rurales juegan un papel fundamental en la protección de la agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria. Sin embargo, la histórica exclusión de la que han sido objeto obliga a una serie de acciones afirmativas que permitan el efectivo goce de derechos sociales y económicos, a través de programas que dignifiquen las condiciones del entorno de las familias rurales (vivienda, salud, educación), que posibiliten una mayor participación política en espacios de planificación y decisión, y que reconozcan su papel en la custodia de semillas y de conocimientos tradicionales. También se hace necesario ampliar la incidencia de políticas que eviten la violencia contra las mujeres hacia las áreas rurales.
Los jóvenes también son protagonistas de la transición hacia la agroecología, de manera que se hace necesario su inclusión a través de estrategias que promuevan el diálogo intergeneracional, que generen oportunidades para su permanencia en los territorios rurales a partir de programas que involucren el mejoramiento de sus condiciones de vida, el acceso a la educación, el uso de TICs y la innovación.
• Reformas institucionales para la promoción de la agroecología en Colombia. En este sentido la preocupación se centra, por un lado, en el desempeño de las instituciones que afectan las prácticas agroecológicas: la planeación participativa, los mecanismos de control social, y los mecanismos de articulación interinstitucional, especialmente en las áreas de salud, ambiente, educación y agricultura, son algunos de los aspectos que resulta necesario consolidar para el avance de la agroecología en los territorios.
Por otro lado, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de redes territoriales de productores y consumidores, parece una condición tanto para los procesos de articulación con el Estado, como para la ejecución de políticas públicas para la agroecología.
• Distribución, consumo y sistemas participativos de garantía. La comercialización aparece como un campo fértil para sembrar la agroecología. Allí deben converger consumidores más informados y responsables, con una amplia gama de estrategias como: el mejoramiento de vías de comunicación, el fomento a la creación de circuitos cortos de comercialización, las compras públicas locales, las marcas propias locales, los sellos de confianza, los encuentros gastronómicos, los sellos de cero kilómetros, el fortalecimiento de los mercados campesinos, o los canales digitales de comercialización. La asociatividad aparece nuevamente como un elemento transversal para la dinamización de procesos alternativos de transformación y diversificación de productos agroecológicos.
• Los saberes, el conocimiento y la educación en la transformación agroecológica. La palabra clave acá es dialogo. Las estrategias de educación, investigación y difusión de la agroecología tienen como fundamento la interacción de los saberes locales, tradicionales, empíricos y ancestrales en áreas que generalmente se ven aisladas, lo ambiental, lo territorial, cultural, tecnológico, científico, o lo económico, pero que en función de la agroecología deben establecer sinergias. En el mismo sentido de avanzar la educación, desde preescolar hasta la técnica o la universitaria, al igual que un nuevo modelo de extensión de base agroecológica.
Evidentemente, el camino de cada una de estas propuestas dentro del campo de las relaciones de poder y las “voluntades políticas” no es fácil. Sin embargo, vale la pena recordar que el Estado no es un ente monolítico, y que la capacidad de movilización y de incidencia política de las organizaciones sociales se pone a prueba en este escenario de transformación.
Bibliografía
Declaración de Nyéléni, Malí. (2007). Recuperado de:
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_Nyeleni_-_Declaracion_final.pdf
Giraldo, O. F., y N, McCune. (2019). Can the state takeagroecology to scale? Public policy experiences in agroecological territorialization from Latin America. Agroecology and Sustainable Food Systems, 43(4). Recuperado de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21683565.2019.1585402
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017). Resolución 464 Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones”.
* Docente Universidad Externado de Colombia. Candidato a Doctor en Agroecologia, Universidad Nacional de Colombia. El autor agradece al equipo organizador del Seminario Internacional Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales por la sistematización de la información contenida en la última parte de este artículo. C.e: javivasg@unal.edu.co. Artículo publicado en Revista Semillas: https://www.semillas.org.co/es/revista/agroecologizar-la-poltica
(1) Para Colombia puede verse, por ejemplo: IDEAM. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. En: Segunda Comunicación Nacional Ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Colombia 2014.
(2) Los talleres regionales se realizaron en los departamentos de Boyacá, Sucre, Bogotá, Risaralda, Caldas, Meta, Valle del Cauca y Caquetá. El Seminario Internacional Políticas Públicas para la Agroecología y Taller Nacional de Organizaciones sociales, realizado en Bogotá entre el 22 y el 24 de agosto de 2019, fue convocado por la Universidad Nacional de Colombia, la Red Nacional de Agricultura Familiar, y el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. En este participaron alrededor de 250 personas, provenientes de un número similar de organizaciones campesinas, comunitarias, de mujeres, de productores, ambientalistas y de educadoras de todo el país, además de instituciones oficiales, gremios de la producción, universidades y organismos de cooperación internacional. Las discusiones fueron lideradas por cerca de 35 panelistas, nacionales e internacionales, pertenecientes a la academia, el gobierno y las organizaciones sociales.
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