Trabajadores de la economía popular en la Avenida de los Muiscas y barrios circundantes




Para muchos es un calvario.Yo lo transito a diario, mi alegría se ausenta
Cuando no ando el vecindario, Cuando no piso su calles Cuando no veo a mi gente…

Mi Amparo. Grupo Rap Retórica

Por eso lucha lucha calavera lucha que vas a morir, 
igual si ya estamos muertos tenemos que resistir

Calavera. Grupo los Parias
Por Edgar Suárez Forero
GSEID - UN



Es sábado en la Avenida de los Muiscas.

Es sábado en la Avenida de los Muiscas, o como es conocida, la calle 38, en la localidad de Kennedy.  A la altura de Corabastos, frente a la Plaza de las Flores, los vendedores llenan los andenes en ambos costados y parte de la vía, la cual queda reducida a un carril para uso vehicular, carril que se mantiene trancado, pues más allá de los autos que se detienen, hay carretas de recicladores, bicitaxis y peatones que hacen más lento el tránsito. Frutas en cosecha, hortalizas, pomadas hechas con baba de caracol, toallas, tinto, cigarrillos, fritanga, la prensa roja, bolsas para el mercado o la basura, son algunos de los productos que se encuentran en la esquina del CAI de Corabastos. Estos vendedores son mujeres y hombres, en su mayoría personas mayores, que ofrecen sus productos bajo sol del medio día.

A medida que se avanza calle adentro, se encuentran vendedores de líchigo, productos agrícolas de diversa calidad. Son trabajadores que llegan muy de madrugada a Corabastos para buscar entre lo que botan los comerciantes y los precios bajos de los productos en cosecha, lo que venderán en el día o en la semana. “Esto se pone cada vez más difícil, cada vez llega más gente”, dice uno de los vendedores y agrega que Corabastos es el lugar del rebusque y que por eso todos llegan ahí. Este vendedor ha notado como familias enteras, algunas de venezolanos, llegan a buscar entre los residuos la comida del día y ha notado como a pesar de la presencia policial, la delincuencia y la inseguridad siguen creciendo. Según él, estos son efectos generados por el operativo de desalojo de hace un año que realizó la alcaldía de Bogotá “desordenó lo que había y esparció los problemas de la 38 a los barrios”.

Luego de que el vendedor recoge las cajas de cebollas y limones, encarga a un joven de guardar la mercancía en la bodega. Minutos más tarde, a un par de calles de allí, en la cuadra en la que vive, el vendedor nos cuenta que el joven al que dejó encargadas las cajas es un ladrón de la zona, pero que también hace este tipo de labores. Un hombre que tiene un negocio de comercio en el barrio María Paz, y que escuchaba la conversación, interviene diciendo que por suerte los ladrones respetan los negocios del barrio.



Siguiendo la ruta por "La 38", al llegar a la puerta siete y ocho de Corabastos, cambian los productos para la venta, ahora son recicladores los que llenan los andenes, por un lado llevan material a las bodegas y por otro tienden sus corotos o cachivaches, venden lo que para algunos fue basura pero para otros es reutilizable, ropa, herramientas, libros, películas, repuestos, juguetes.

En la esquina de la calle conocida como el Cartuchito pasa corriendo reiteradamente una banda de jóvenes ladrones armados con cuchillo, que roban a los conductores de camiones y carros que llevan la ventana abajo en medio del trancón y el tumulto. Cada tres minutos se repite la escena. Un conductor para evitar el atraco da reversa bruscamente a su camión y pasa su llanta por encima del pie de un ladrón, tal vez un menor de edad, el cual sale cojeando y quejándose dando vuelta en la esquina. A este conductor apenas lograron robarle una bolsa en la que llevaba algunas frutas. No todos corren con la misma suerte. Un atracador intenta robar a un transeúnte, pero éste le dice que ladrón no roba a ladrón y le saca un cuchillo del mismo tamaño, se lanzan cuchilladas y van entrando en la calle mientras los fisgones aparecen para mirar la pelea, la cual es detenida por un par de policías que en moto llegan al lugar.

“Mijo esto nunca había estado así” dice una recicladora y vendedora de corotos que ha trabajado en la zona por casi dos décadas. Recuerda que han vivido situaciones difíciles pero aclara que ninguna de ellas ha sido tan complicada como la presente, “ Eso que usted acaba de ver es de todos los días” dice ,y cuenta su deseo de irse con su familia de ese lugar, concibe que vivir y trabajar allí ha sido un error, aunque advierte que no se han tenido muchas alternativas. Un reciclador que lleva material a una bodega del barrio vecino, cuenta que como ésta, hay otra dos bandas de ladrones que hacen presencia en el sector y que una de ellas está conformada por venezolanos. Testimonio que coincide con el del vendedor de líchigo. A la vuelta de la esquina el ladrón que fue atropellado llora desconsoladamente tomándose el pie con la mano, una vendedora de comida trata de asistirlo.


Mapa de incidencia de ocurrencia de homicidios a Agosto de 2018. Secretaria Distrital de Seguridad


La UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal)  Corabastos es tal vez el lugar más riesgoso para vivir y trabajar de la ciudad. En la localidad de Kennedy, según reportes de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos OAIEE (2018), el homicidio, las lesiones personales y el hurto a personas, principales indicadores de seguridad ciudadana, se han incrementado en el último año por encima de la media de la ciudad, manteniéndose Corabastos, según mapa emitido por la misma Secretaría, como un foco de criminalidad de la localidad y el sur de la ciudad.  Según notas de prensa, citando fuentes oficiales, esta zona ocupa la número 13 en materia de  cantidad de homicidios y la 17 en lesiones personales, concentrando el 16 % de los homicidios que ocurren en Kennedy, el 11 % de las lesiones personales (El Espectador, 2018).

Si se abre el compás, la inseguridad es solo uno de los riesgos que viven los habitantes y trabajadores de este territorio. En la Encuesta Multipropósito (DANE 2018) , en su item Viviendas cercanas a lugares o establecimientos que pueden causar afectación, según UPZ, Corabastos tiene los más altos porcentajes de viviendas cercanas a establecimientos y lugares como bares o prostíbulos, plazas de mercado o mataderos, fábricas o industrias, lotes baldíos o sitios oscuros y peligrosos, tiene el mayor porcentaje de viviendas cercanas a expendios de droga de la ciudad y el segundo mayor en basureros o botaderos de basura.

Puerta 6 de Corabastos, El Amparo. Junio 2018

Este es uno de los problemas más sentidos del lugar, Pues más allá de la comercialización de residuos para su reciclaje o reutilización, la basura parece crecer en cada rincón del camino. Cerca de la puerta seis de Corabastos el suelo está cubierto de basura, sobre ella caminan habitantes de calle, consumidores de sustancias psicoactivas. En días anteriores, en reunión realizada entre instituciones públicas, entidades privadas y comunidad del barrio María Paz, tratando el tema del manejo de residuos sólidos, el operador encargado de la recolección y barrido de estos residuos en el sector, Ciudad Limpia, le explicaba a la comunidad mediante videos recogidos en un sitio de acumulación de basuras, que, dada la cantidad de residuos generados, no era posible mantener limpio ciertos lugares de los barrios, pues ni aumentando la frecuencia de recolección podrían atender el problema. Ante la sugerencia por parte de la comunidad de poner contenedores de basura en estos lugares, el operador aclara que no hay contenedor que pueda manejar las proporciones de residuos generados.

El consumo de sustancias psicoactivas en las calles que sirven de perímetro a la Central de Corabastos es habitual, una parte importante de los trabajadores que hacen uso de estas calles son consumidores. En los barrios colindantes como el Amparo, Llano grande y Maria Paz hay expendios de droga y alta presencia de habitantes de calle consumidores de estas sustancias. Según datos del Camad (Centro de Atención Médica a Drogadictos) que estuvo ubicado en barrio el Amparo y en el Cartuchito, entre la población atendida entre septiembre de 2012 y enero de 2013, el 88 % de los ususarios eran hombres y el 12% mujeres y  la sustancia de mayor consumo era el bazcuco,  el 46 % de los hombres atendidos eran consumidores de bazuco, para el caso de las mujeres fue 39 % (Hospital del sur 2013). Según el Censo de habitantes de calle (DANE, 2018) la localidad de Kennedy es el segundo sector de la ciudad con mayor número de habitantes de calle, después del centro de la ciudad, con el 7% de la población censada, gran parte de esta población, se concetra en la zona de Corabastos.


Recientemente la Secretaría de gobierno de la ciudad ha anunciado que decretará la ley seca durante tres meses en la temporada de fin de año en Corabastos, Maria Paz y el Amparo para mitigar las condiciones de inseguridad ciudadana y reducir el número de homicidios, pero según trabajadores de la zona, esta es una medida inútil, pues la gente de Corabastos no se mata por el consumo de alcohol, sino por la concentración de delincuentes y de organizaciones criminales que operan los mercados ilegales.

Anden Avenida de los muiscas.Enero 2018

Luego de pasar por la Central de Corabastos, por la 38, continúan a ambos lados de la vía, sobre los andenes, vendedores de corotos y tumultos de compradores y transeúntes, más allá hay establecimientos comerciales de venta de herramientas ya usadas o baratijas importadas y un número significativo de casinos, bares, y prostíbulos. Este es el paisaje de cerca de tres cuadras antes de llegar a la esquina de la virgen, donde la 38 se encuentra con la Avenida Ciudad de Cali, una avenida que en este lugar tiene un alto tránsito de vehículos de carga, automóviles y buses articulados de Transmilenio y  bicitaxis que han sido adaptados con motores de combustión. Según el monitoreo de la Secretaría de medio ambiente (mapa de calidad del aire) del 3 de septiembre del 2018, se puede observar que la zona de mayor concentración de material particulado en el aire son la localidad de Kennedy y Bosa. A la contaminación ambiental generada en el sector de Corabastos por el tráfico de transporte pesado y pequeñas industrias, se suma la emisión de gases contaminantes provenientes de las zonas industriales de la autopista sur y el barrio Carvajal, también ubicadas dentro de la localidad.
Mapa calidad del aire. concentración de material particulado. Secretaría Distrital de Ambiente Septiembre 2018



Sobre la investigación.

Este es el contexto en el cual miles de personas buscan el sustento diario para vivir en diversos oficios, son los trabajadores de sectores de la economía popular, espigadores, recicladores, coteros, vendedores ambulantes, bicitaxistas que en su mayoría usan la calle como medio de trabajo. Esta investigación pretende hacer una caracterización de los trabajadores de sectores de la economía popular en el lugar de mayor afluencia de los mismos en el sur de Bogotá; Corabastos.

Cuando se habla de economía popular se habla desde la búsqueda de una categoría que logre definir las dinámicas económicas de sectores populares, que se desmarque de la dicotomía formal-informal, u otras dualidades que parten de excluir y marginar las prácticas económicas de las clases populares (Giraldo, 2017, p. 48) y que han marcado la agenda académica y política en nuestras sociedades. Estas lecturas dicotómicas surgen del paradigma desarrollista que establecía un mundo moderno y un mundo tradicional, relacionado con lo rural o la idea de atraso, que requería ser modernizado mediante la implantación de las instituciones correspondientes, (Tassi, 201. p. 41). Con el proceso de urbanización y aglomeración de ese mundo subalterno y tradicional a las zonas periféricas de las ciudades, se tomó la marginalidad como la cualidad que definía a estas clases, denotando la existencia de un afuera en cuanto a su articulación con el sistema capitalista moderno.


Mapa. Calendario Acción sur, Tunjuelito, Techotiba, Bosa (2010)

La informalidad se refiere a la negación de lo "formal" o dominante y no como afirmación de una economía distinta, por ello suele caracterizarse desde elementos que subrayan la centralidad de la economía formal o la exclusión de la misma, ilegalidad, tamaño de las unidades productivas, bajos ingresos, baja productividad del trabajo (Coraggio 1993 p. 4). En tal sentido, la informalidad abarca un alto rango de empleos que no siempre están vinculados a los sectores populares, trascendiendo y obviando a la economía popular.  Para el caso colombiano la informalidad corresponde a casi la mitad de las personas ocupadas en las ciudades con el 48 % (DANE, 2018) y al 85 % de campesinos ocupados (Quemba, 2018).

A diferencia de estas lecturas duales, las cuales determinan una taxonomía desde arriba y desde afuera de los sectores populares y sus dinámicas sociales, la caracterización de la economía popular, parte de la  lectura de las mismas condiciones vivenciales de los sectores populares y de las condiciones laborales de los trabajadores pertenecientes a estos sectores. Como lo afirma Giraldo (2017, p. 9) “ La diferencia metodológica estriba en que tales enfoques hacen una definición de su objeto de estudio y luego pasan a visualizar esa definición en la realidad. Aquí se toma el camino inverso: se parte de la realidad de los sectores populares, y a partir de ello se construyen categorías que permitan comprenderla”.  Comprensión que debe vincular elementos relacionales, como lo advierte Tassi (2013, p. 49) “Estos estudios buscaban romper con la visión economicista de la informalidad que representaba a los actores de estas actividades como una masa homogénea. En este sentido, los trabajos sobre la economía popular reconocen las habilidades y capacidades de estos sujetos de negociar con las estructuras establecidas del capitalismo”.

Aunque se pueden encontrar rasgos similares en los sectores de la economía popular, como el acceso restringido o nulo a sistemas de protección social, procedencia de barrios populares, ingresos bajos, bajo nivel educativo, jornadas largas de trabajo o caros sistemas informales de crédito,  no es posible, dada su heterogeneidad en contextos dados,  generalizar sobre caracteres definitorios de estas economías, de tal manera que es preciso partir de etnografías que favorezcan, por un lado, evadir parte de los estereotipos clasistas y sus correspondientes lecturas académicas, y por otro  superar lecturas insulares que privilegian ciertos aspectos de estos sectores (políticos, económicos, sociológicos) y que fragmentan la realidad de estos grupos poblacionales.

Mendieta (2012) recomienda que para estudiar los hechos económicos que se manifiestan en estos contextos populares es necesario observar la vida cotidiana de los grupos humanos , por lo que establece como método apropiado el etnográfico dada la diversidad de los hechos económicos y las costumbres que los referencian. Para este autor dicha etnografía debe estar compuesta por una parte etnográfica y económica general,  que describe las características generales de la población, antecedentes históricos y lugar de la población en el contexto social; y una parte etnográfica y económica concreta, investigación sobre individuos y familias enfocada a los hechos económicos.

Las actividades económicas tomadas como referencia en la presente investigación tienen en común el uso del espacio público, en tal sentido es preciso hacer unas apreciaciones al respecto.  Si bien el concepto de espacio público puede verse desde visiones amplias que abarcan la interrelaciones y procesos humanos que se dan en espacios de uso colectivo, en el contexto del diseño y ejecución de políticas públicas la idea del espacio público ha estado cruzada por la restricción de uso solo a actividades establecidas legalmente privilegiando la movilidad de habitantes urbanos (calles y andenes) o usos establecidos para actividades de recreación y ocio, negando el acceso del espacio para actividades como las realizadas por los trabajadores de la economía popular.  Según Blandón (2017) esta “relación excluyente que se establece entre el Estado y los diversos proyectos de ciudad que construyen los sujetos en el espacio público, es lo que lleva a un enfrentamiento y diferenciación extrema entre la ciudad formal que proyecta el Estado y la ciudad descodificada que se levanta al margen de los controles y regulaciones estatales”.

Tal como lo refiere Giraldo (2017,  p. 51) las políticas de restricción del espacio público, se fundan en las opiniones de comerciantes del sector formal y gremios de la construcción quienes argumentan que el uso del espacio público por vendedores genera deterioro estético, condiciones de inseguridad y un obstáculo para la circulación, por lo que estas políticas no tienen en cuenta lo que Roig (2017, p. 39) denomina el derecho a la valorización del trabajo, que se funda “sobre la deuda del desarraigo producido por una ausencia de distribución de la riqueza (por ejemplo una reforma agraria) o en el uso en la apropiación de tierras como en el caso de Colombia”.  Dada esta carga restrictiva de la idea de espacio público, para hacer referencia a ese espacio en el que se dan y ordenan las relaciones sociales, las actividades humanas y las prácticas colectivas, se usará el termino calle, en concordancia con los discursos de las clases populares en el que la calle es lo que pasa más allá de la puerta.


Para la presente investigación, a partir de diálogo con referentes académicos del grupo de Economía popular del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia-UN y revisión bibliográfica se establecieron tres dimensiones a explorar. . Una dimensión histórica que diera cuenta de las formas de poblamiento del lugar tanto de los habitantes del territorio como de los trabajadores vinculados a la economía popular, la procedencia de dichos trabajadores y momentos significativos del pasado del territorio, como cambios dados en el mismo a partir del uso de la calle. Una dimensión socio económica para identificar características de los oficios  y condiciones laborales de la población y de las condiciones materiales de sus unidades domésticas;  por último una dimensión relacional, tendiente a analizar  formas de organización sectoriales vinculadas a la actividad laboral, identificación de generación y resolución de conflictos sobre el uso de la calle,   las relaciones establecidas con el Estado y la percepción de  políticas públicas que buscan, de manera directa o indirecta, la formalización de estas actividades económicas.

Para ello, se establecieron tres fuentes de información, la primera, la memoria y sistematización de procesos sociales locales que han hecho un reconocimiento del territorio a partir investigación social y participativa sobre la historia del mismo y sus condiciones sociales, registrada  por medios comunitarios locales y en diálogo con integrantes de procesos comunitarios del lugar. Revisión bibliográfica de documentos institucionales sobre planeación, políticas públicas y participación ciudadana relacionados con condiciones vivenciales de sectores de la economía popular y un trabajo de campo, que mediante métodos etnográficos, entrevistas, talleres de mapeo, acompañamiento a jornada y recorridos de reconocimiento, buscara establecer características específicas de los trabajadores de los sectores de la economía popular en las dimensiones  establecidas, tomando como referencia y objeto tres sectores de la economía popular presentes en la zona, bicitaxistas, recicladores y vendedores ambulantes.

En un primer aparte se hará un recuento del proceso histórico del poblamiento de la UPZ evidenciando los conflictos relacionales con referencia al uso de la calle en esta zona de la ciudad por parte de trabajadores de sectores de la economía popular, en un segundo aparte se observarán las características generales de la UPZ y algunos datos demográficos básicos.  En un tercer orden se presentarán las principales características generales de los oficios, unidades domésticas y hechos económicos y como conclusión un análisis de las particularidades de los oficios en su relación con el Estado y procesos de formalización y regulación diseñadas para cada gremio.


Poblamiento y conflictos por el uso de la calle.

Un certificado del corregidor de Sáchica, Juan Capadelargo, fechado el 2 de abril de 1607, ha dejado registro del despojo a los primeros habitantes de este territorio, “Los indios naturales de la población de Techo que mandaron reducir y poblar en el pueblo de Hontibón de la Real Corona, están ya reducidos y pasados a dicho pueblo de Hontibón a las tierras y lugar que se les señaló… y han dejado su población de Techo desocupada sin buhio ni otras cosas de su vivienda y las labranzas que tenían en él están todas quemadas y sin vigor ninguno” (Castellanos, 2014). Techo es una abreviación de Techotiva, resguardo o poblado que se encontraba en lo que ahora es la localidad de Kennedy y parte de la localidad de Bosa, según linderos establecidos en enero de 1607 a partir de lo dicho por la población que allí habitaba (Castellanos, 2014).

Este territorio se caracterizaba por ser zona de humedales en la ronda del río Bogotá. Allí se conformaron grandes haciendas en las que se cultivaba cereales y legumbres (Idpac, 2011)  y que posteriormente fueron divididas y tuvieron cambios de dueño determinados por el contexto político hasta su proceso de urbanización en la segunda mitad del siglo XX. Un hito importante en esta urbanización es la puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Techo, al final de la década del veinte; la construcción de la avenida de las Américas, veinte años después; así como el hipódromo de Techo construido en 1954 (Castellanos, 2013).


Miguel Antonio Saavedra y familia en la laguna donde actualmentees el barrio New York (Jaramillo y Juez: 1996)

La construcción de los primeros barrios, en el costado  oriental de la localidad, se inició en la década del cincuenta cuando los trabajadores de la Cooperativa de trabajadores ferroviarios de Cundinamarca adquirieron terrenos e iniciaron la construcción del barrio Campiña, posterior a éste, aparecieron los  barrios las Delicias, La Chucua y Carvajal. (Castellanos, 2013) En 1961, en el marco del programa de la Alianza para el Progreso, se inauguró el proyecto Ciudad de Techo, proyecto que se planteó como una solución masiva para el déficit de vivienda de  la creciente clase trabajadora de la ciudad. El  proyecto, liderado por el Instituto de Crédito Territorial (ICT), se mantuvo activo en sus primeras etapas, sin embargo, fue rebasado por el crecimiento poblacional y la pérdida de presupuesto para el programa. Las familias que adquirieron vivienda, algunas de ellas por autoconstrucción, pronto modificaron la estructura de las mismas ampliando sus áreas construidas llegando a superar la decena de personas por casa. (Arevalo, 2012)

La Construcción y apertura de Corabastos en 1971, daría una nueva dinámica de urbanización a esta  zona de la ciudad. El crecimiento de la Central de Abastos la convirtió en referente regional en el proceso de migración del campo a la ciudad, pues muchos de los nuevos habitantes llegaban a la ciudad siguiendo la ruta de los productos agropecuarios que allí se comercializaban y buscando trabajo en las actividades vinculadas a la plaza de mercado. Esta población migrante se sumaba a la población bogotana que  migraba de la zonas central y oriental de la ciudad en busca de trabajo y de lotes a bajo costo para construir vivienda propia.


Chucua de la Vaca. Corabastos. Julio de 2018
Al tiempo de la entrada en operación de Corabastos se empezaron a lotear haciendas y a levantar viviendas mediante autoconstrucción en Patio Bonito y una década después, posterior a la gran inundación en Patio Bonito en 1979; en zonas aledañas a la Central de Abastos. Los actuales barrios de la UPZ Corabastos, se construyeron a inicios de los ochenta empezando con el barrio Villa de la Torre y Villa de la Loma, hasta mediados de los noventa con el barrio María Paz.  Los relatos sobre la construcción y desarrollo de los barrios es similar.  Secado de parte del humedal de la Chucua de la Vaca, procesos de loteo organizados, en la mayoría de casos, por urbanizadores piratas, construcción de las viviendas, algunas con ejercicios de trabajo compartido de los primeros residentes, organización comunitaria y comunal para la legalización de los barrios y la obtención de los servicios públicos domiciliarios y servicios sociales básicos.(Idpac, 2011).

La formación de las Juntas de Acción Comunal en el proceso de consolidación de los barrios ha sido un elemento significativo, tanto en los barrios de Corabastos como en el sector de Patio bonito y Britalia. Los barrios inicialmente no contaban con servicios públicos, el agua y la energía eran tomadas de manera ilegal por los urbanizadores y la población; la ausencia de un sistema de alcantarillado generaba empozamiento de agua e insalubridad ambiental, por ello la gestión de las JAC para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y del estado del escaso espacio público jugo un papel principal para la obtención de estos servicios. (Idpac, 2011).  Esta gestión implicó la articulación de las JAC en comités y en ejercicios de protesta como el del Paro del 96, mediante el cual se buscaba enfrentar las amenazas de desalojo de los barrios por parte de la administración, la legalización de las viviendas y los barrios,  así como la regulación de los servicios públicos (Cabrera, 2011). Otro ejercicio importante de articulación fue la solicitud de cabildo abierto, realizada ese mismo año por el Comité sectorial de la Chucua de la Vaca, por la legalización de 14 barrios. (Castellanos, 2013). Las organizaciones  sociales y comunitarias del sector han jugado un papel importante en el soporte del trabajo comunal y en la reivindicación de derechos humanos, derechos sociales, culturales y ambientales, muestra de ello es la recuperación y protección del espejo de agua de la parte norte del humedal Chucua de la Vaca, por parte de organizaciones comunitarias y la empresa de acueducto de la ciudad, los festivales y carnavales populares que se realizan en estos barrios, tal como el Carnaval por la vida, Festival de la Chucua de la Vaca, la Feria de las colonias y la Feria de las regiones, estas últimas evidenciando el procesos histórico de migración a la ciudad de comunidades campesinas del país y la región.



Mapa Unidades de planeamiento zonal. Fuente: A media cuadra Prensa

En el barrio María Paz, barrio que se encuentra al costado norte de Corabastos y la calle 38, las ventas callejeras han crecido con el barrio, en un comienzo los vendedores se instalaron en las afueras de la plaza de las flores. Durante la década de los noventa se abrieron bodegas de reciclaje y los recicladores y vendedores de corotos empezaron a hacer uso de la calle. Ya para el año 2005 estaba consolidado todo el mercado callejero que bordea a Corabastos, así como la venta de corotos en la calle del Cartuchito, nombrada así, en referencia a la zona del Cartucho, lugar del centro de la ciudad, que desde mediados del siglo veinte se conformó como centro de actividades vinculadas al reciclaje y que posteriormente se constituyó como un centro de mercados ilegales y fue desalojado y destruido en su estructura física a finales de la década de los noventa.

La ausencia de espacio público generó una disputa permanente por el uso de dicho espacio en el barrio María Paz,  disputa que ha llevado a las partes a buscar mecanismos para dar garantía a su derecho del uso de la calle. En el año 2011 el juzgado 13 administrativo del circuito de Bogotá falló a favor de la JAC del barrio la Acción popular interpuesta  para que se protegieran los derechos e intereses colectivos de los habitantes mediante la recuperación del espacio público. Mediante fallo de acción de tutela instaurada contra la Alcaldía Local de Kennedy, el día 22 de marzo de 2011, el juzgado cuarenta y uno penal municipal, resuelve tutelar los derechos fundamentales al trabajo en conexidad con el debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital y móvil de los vendedores de la av. 38. En los fundamentos del fallo se prueba que la Alcaldía no ha brindado alternativas económicas viables a estos trabajadores. (A media cuadra, 2011).


Desalojo a vendedores en Agosto de 2012. Foto Julio Cortés

El tratamiento dado por las autoridades locales y distritales a este conflicto por el uso del espacio, ha sido la generación de mesas de concertación entre habitantes y trabajadores, que según los participantes no han generado resultados, e intervenciones policiales de desalojo a vendedores ambulantes y recicladores, intervenciones que no han traido cambios a mediano y largo plazo en el uso de la calle. Acatando el fallo de la Acción Popular, en el 2011, se da una intervención policial para desalojar a los vendedores del Cartuchito y parte de la Avenida de los Muiscas, el resultado obtenido fue contrario al objetivo, tal como lo cuenta un reportaje posterior al operativo. “En el año 2012, a un año de una de las intervenciones policiales,  al pasar por la calle en pleno día se puede observar que esta ocupada por habitantes de la calle y es un lugar para el consumo de sustancias psicoactivas. “La “recuperación” del cartuchito solo segregó y dispersó más el problema, pues hoy en día los vendedores que se ubicaban en esta calle están situados en varias de las calles del barrio María Paz” (Calderón, 2012)

En agosto del año 2017, posterior a la intervención del Bronx en el centro de la ciudad, se realiza una intervención de desalojo con un alto números de unidades de policía y alto cubrimiento mediático en la avenida de los Muiscas. “Eso fue como echar la mierda dentro de una media”, dice un reciclador al referirse a la efectividad del operativo que realizó la administración.  “ La recuperaron para nadie”, dice una recicladora que vende corotos en una esquina del Cartuchito, señalando la basura y el deterioro de la misma.  El operativo también dejó un cerco de vallas, que fue levantado en el mes de enero de 2018,  que se uso para restringir el paso vehicular y tener control en la entrada al barrio María Paz. Las autoridades dijeron que en el operativo censaron a mil personas que estaban o trabajaban en el sector, El periódico El Tiempo (2017) informó que “Personal de la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía, Idiprón, Ipes y Uaesp censaron a los recicladores que se encontraban en la zona, los marcaron con pulseras amarillas y los hicieron desalojar el lugar”.  Enrique León, propietario no residente del barrio y protagonista en la interposición de la Acción popular para la recuperación del espacio público en María Paz, coincide en que los resultados no eran los esperados, al evidenciar una mayor presencia de vendedores y recicladores, así como de actividades ilícitas al interior del barrio.

Toma de calle por vendedores. Barrio Llano Grande. Enero 2018



La UPZ Corabastos

Aunque hacia el costado sur de la UPZ, al interior de los barrios, aún se mantienen viviendas de dos plantas. Gran parte de las edificaciones, sobre todo en barrios cercanos a las actividades comerciales de Corabastos, las viviendas, algunas de uso mixto, dado que en la primera planta tienen funciones de bodegaje, comercio y servicios, son de tres y hasta cinco pisos. En el comercio formal cercano a Corabastos prima la venta de alimentos procesados, insumos para la producción agropecuaria, restaurantes, productos para el empaque y embalaje propios del comercio de la Central, como canastillas, cajas, costales o cuerdas.

Los barrios de la upz Corabastos no han sido barrios de propietarios sino de inquilinos. La mayoría de trabajadores que hacen uso de la calle como coroteros, vendedores y bicitaxistas, entrevistados para la presente investigación, viven como inquilinos, ya sea en la misma UPZ Corabastos, en Patio Bonito o en el sector occidental de la localidad de Bosa, en barrios con características sociodemográficas similares. Estos oficios, debido a la amplitud de la jornada y a los horarios de trabajo, que están vinculados a la dinámica de la Central de Abastos y que inician a horas de la madrugada, implican que estos trabajadores prefieran una mayor cercanía de sus viviendas con el lugar de trabajo.


Según la Encuesta multiproposito (DANE, 2018) en la UPZ corabastos viven 78.438 personas que conforman 23.686 hogares y ocupan 23.573 viviendas, para un promedio de 3,3 personas por hogar, los hogares que están conformados por 4 o más personas equivalen al 42 % del total de los hogares de la upz, el mismo porcentaje para la localidad es de 36%. La Upz cuenta con una cobertura total en servicios públicos como agua, energía eléctrica y gas natural. Los hogares que cuentan con servicio teléfónico fijo son el 33% del total de hogares y los que tienen conexión a internet en el hogar son el 41,6% , siendo estos dos porcentajes los más bajos si se comparan con los de las demás UPZ de la localidad y la ciudad. De los hogares que habitan la UPZ, apenas el 28,2% vive en vivienda propia, el 3,7% en vivenda propia que están pagando y el 63, 9% vive en arriendo o subarriendo, siendo esta la UPZ en Bogotá con el más alto porcentaje de hogares que viven en arriendo. Como referencia podemos observar que para la localidad de Kennedy los hogares con vivienda propia son el 39%, propia que la están pagando, el 8,8 %, y la proporción de hogares que paga arriendo es de 48,2%.

La densidad poblacional, habitantes por hectárea en la UPZ Corabastos, es de las más altas de la ciudad y la localidad, según el Hospital del Sur, a partir de proyecciones del Censo de 2005, para el 2012, la densidad poblacional de la UPZ era de 404 habitantes por hectárea, siendo la segunda más densamente poblada de la localidad y de la ciudad, después de la UPZ Patio Bonito (Hospital del sur 2012). Actualmente, según datos de la EM la densidad poblacional para el 2017 estaría en 425,1 habitantes por hectárea. La mayoría de viviendas de la UPZ Corabastos están clasificadas en el estrato 2.

Población con SISBEN 1 a 3 vs. estrato socio-económico Atlas de salud pública de la localidad de Kennedy (2015)


Según la EM el promedio de grado de escolaridad es de 9 años de formación, uno de los más bajos de la ciudad. Los trabajadores entrevistados, que hacen uso de la calle, no terminaron la primaria.SEn consonancia la caracterización del Hospital del sur, la distribución según tipos de empleo de la población que habita en Corabastos, hasta el año 2012, fue: un 50 % de la población eran trabajadores no calificados, un 22% eran amas de casa y 26% no tenían ningún empleo.

Los procesos de participación ciudadana, cómités de usuarios, mesas de concertación, procesos de planeación participativa han contado con la participación activa de comunidades y habitantes de los barrios, de ahí que han dejado registro de las demandas sociales y de la percepción de los habitantes sobre las condiciones y problemáticas de los barrios y alternativas de solución a concertar con las autoridades locales y distritales.

Encuentros ciudadanos 2016

En los Encuentros ciudadanos que se realizaron en el 2016 para la construcción participativa del plan de desarrollo local, y separados en mesas de trabajo temáticas con participación ciudadana realizados en los territorios específicos, encontramos que para la uUPZ Corabastos, se presentaron, según las comunidades asistentes, las siguientes problemáticas. Casas y negocios de comercio destinados a la venta de sustancias psicoactivas, consumo de la misma por parte de las familias incluyendo menores de edad. Alta corrupción de la policía y permisividad de las autoridades de actividades ilegales. Se reitera la escasez de espacio publico, el deterioro del Espacio público existente y la falta de actividades alternas (uso del tiempo libre) para los diferentes grupos etáreos. En cuanto a aspectos ambientales se presenta la contaminación del aire, botadero de escombros y basuras en los barrios y en el espejo sur del humedal la Chucua de la Vaca, quema de basuras en vía pública y falta de arborización. Otra problemática notoria entre los participantes en los Encuentros ciudadanos es el alto nivel de desempleo en habitantes de la zona, pero particularmente entre jóvenes, mujeres y personas mayores.


"En Corabastos el que rebusca encuentra"



Tanto pobladores como trabajadores de los barrios aledaños a Corabastos refieren que en Corabastos siempre hay algún trabajo para quien llega a rebuscarse, de ahí que sea un lugar llamativo para trabajadores sin formación, personas desplazadas del campo a la ciudad a causa del conflicto social y armado o por razones económicas, personas que no encuentran empleo por falta de experiencia, por haber estado en la cárcel, por padecer enfermedades laborales o por su edad temprana o avanzada.

Los trabajadores que llevan más tiempo de presencia en la zona vienen en su mayoría de la región central del país, de municipios cercanos a Bogotá y de la zona oriental de la misma ciudad; los de llegada más reciente, últimos 15 años o menos, provienen de diversas regiones del país, algunos de ellos refieren ser desplazados por la violencia de sus respectivas regiones.


Las labores realizadas por estos trabajadores antes de llegar a la zona son de diversa índole, generalmente son labores que no requieren o no requerían de trabajo calificado, obreros de construcción, vigilantes, agricultores, servicios domésticos y hogar.  Hay trabajadores que se rebuscaban en sectores de la economía popular en otras ciudades y regiones y llegaron a Corabastos para mejorar su ingreso. La población migrante de Venezuela es población que proviene de sectores populares, en su mayoría trabajadores jóvenes no calificados que se suman a la demanda laboral local.

Los relatos de los trabajadores refieren que llegaron a trabajar primero dentro de Corabastos, como coteros (cargadores) zorreros (transportadores), espigadores (recolectores de mercados y comida) o como empleados de comerciantes y bodegueros, y posteriormente fueron especializándose en sus labores actuales, lo que no quiere decir que haya exclusividad en la realización de algún oficio, incluso sus labores diarias están cruzadas por varios oficios, un vendedor de corotos es a su vez reciclador, un vendedor de líchigo hace labores de acarreo en la plaza, un bicitaxista puede oficiar de vendedor en parte de la jornada laboral o hacer acarreos.  Los trabajadores de la economía popular encuentran los medios y herramientas para su trabajo, zorros, bicitaxis, mercancía para vender, bodegas de compra de reciclaje o para guardar mercancía, alimentación, en el misma zona de trabajo, indicador del arraigo de dichas actividades en el territorio.


Los trabajadores entrevistados viven en arriendo, pagando de alquiler entre $350.000 y $550.000 por vivienda ó $150.000 a $200.000 por habitación en apartamentos compartidos, gran parte de estos arrendamientos se establecen mediante contratos informales, que tal como lo describe Saenz (2018) en su investigación sobre el arrendamiento en barrios populares, están precedidos por vinculos de parentezco y vecindad  y se mantienen a partir de las relaciones sociales y compromisos fortalecidos en la confianza.

Aunque hay hogares unipersonales o de parejas sin hijos, los hogares de los trabajdores se caracterizan por tener familias numerosas y con más de cuatro hijos, en las cuales por lo menos dos personas trabajan para mantener el hogar. Aunque gran parte del trabajo doméstico recae en la mujer, no hay dedicación exclusiva a éste. En las familias heteroparentales, los padres se complementan en las actividades laborales ya sea en un mismo oficio o en oficios distintos de la economía popular, los hijos también suelen participar parcialmente en estas actividades siendo Corabastos una zona de alta presencia de trabajo infantil. Las familias numerosas suelen cocinar sus alimentos en casa aunque también hacen uso de restaurantes locales, las familias más pequeñas suelen comprar alimentos preparados en restaurantes de la misma zona o a vendedores ambulantes de comida caliente.

El “diario”, que se refiere a gastos de vivienda y alimentación por día, es de $15.000 a $40.000  por persona el cual es cubierto en su mayoría por ingresos provenientes del trabajo. Para los tres oficios, bicitaxistas, vendedores ambulantes y recicladores, según los testimonios, el ingreso diario neto, o libre, puede llegar a ser de $25.000 a $50.000 obtenidos en jornadas laborales que superan las 8 horas y pueden llegar a 16 horas de trabajo.  Vivir al diario, sin requerir crédito, implica, en algunos casos, ahorrar el dinero necesario para asegurar el gasto del diario de la semana, el pago de servicios públicos y alquiler de vivienda.

Al no tener acceso al crédito bancario, los trabajadores acceden a crédito con prestamistas del gota a gota (pago diario), llegando a pagar una tasa de interés mensual de 20%.  El tiempo del crédito, así como la cuota diaria para pago de la deuda se acuerdan en el momento de la negociación. Los trabajadores perciben este servicio de crédito, como una ayuda necesaria que permite obtener el dinero de manera instantánea para pagar obligaciones del hogar o relacionadas con su actividad laboral, compra de mercancía, servicio de bodegaje, mantenimiento de vehículos destinados al transporte y al acarreo, etc.  Al igual que con el sistema de arrendamiento, el acceso al gota a gota se adquiere por conocidos o referidos que ya han usado este tipo de crédito.

La mayoría de trabajadores entrevistados reconocen e identifican la presencia de actividades ilegales y pueden establecer los lugares de mayor incidencia de crímenes en la zona, para ellos la frontera que define lo ilegal y legal en sus labores diarias es difusa, algunos alternan o han alternado sus oficios con actividades al margen de la ley. En este sector de la ciudad, dada la centralidad de corabastos, tal como lo evidencian los indicadores de seguridad del Distrito y estudios como el realizado hace algunos años por Ávila y Pérez (2011), funciona un centro nacional de recepción y distribución de mercados ilícitos y actividades criminales e informales conexas entre lo que se cuenta la comercialización de sustancias psicoactivas y el tráfico de armas, este contexto hace que el delito y la delincuencia sean parte de la historia y el paisaje del territorio o como dice un trabajador de la zona, “En Corabastos no es que haya delincuencia, aquí la delincuencia se forma”.

Según los testimonios, la masiva llegada de inmigrantes venezolanos a la zona ha reducido el pago por el día de trabajo en las distintas actividades laborales presentes, tanto al interior de la Central como afuera de ésta, en los locales industriales, comerciales, de servicios personales y en la misma calle. Según testimonios de trabajadores venezolanos y colombianos, los venezolanos  trabajar por un 30% menos de pago que la población colombiana, por lo que son contratados, incluso, por los mismos trabajadores de sectores de la economía popular y sus organizaciones. “Tenemos que aprovechar el cuarto de hora” dice un reciclador y fabricante de zorros del lugar que emplea inmigrantes venezolanos.

El palo en la rueda, bicitaxistas frente resolución de mintransporte que busca regular el servicio.






La mayoría de los centenares de bicitaxistas que prestan su servicio en la zona occidental de Kennedy, sobre todo en Corabastos, Patio bonito y barrios aledaños han modificado sus vehículos adaptando motores de combustión a los mismos. Con la resolución 3256-2018 propuesta y emitida por el Ministerio de Transporte que busca regular este servicio y da un plazo de un año a los municipios para que la adopten a sus sistemas de transporte, este tipo de vehículos adaptados con motor no serán permitidos. Solo será legal la prestación del servicio público para vehículos que se muevan a pedal o con pedaleo asistido, es decir bicicletas o triciclos que se muevan solo con la fuerza de las piernas del bicitaxista o que tengan un motor eléctrico que preste asistencia al pedaleo reduciendo su esfuerzo, pero que se desactiva con el aumento de velocidad o el cese del pedaleo.

Esta parece ser la principal preocupación de los bicitaxistas que dicen que no tendrían dinero para modificar o comprar nuevos vehículos, pues dado el peso que ya alcanzan algunos bicitaxis no podrían moverse con la tecnología permitida, además dicen que no podrían rendir en el trabajo con solo pedalear por lo que se reducirían sus ingresos. Con la tecnología propuesta no podrían cargar el número de personas que cargan por viaje (2 a 3 personas). Advierten que las vías de estos barrios están en mal estado y que muchas de ellas ni siquiera han sido pavimentadas, lo que haría imposible tener acceso a lugares en los que viven muchos usuarios.

Pero esta es apenas una de las consecuencias que tendrá la implementación del decreto para el gremio. La regulación implica la conformación formal de operadores de este servicio con rutas establecidas y en el que el bicitaxi requiere una autorización para su operación, para ello los municipios, en este caso la administración de Bogotá, debe establecer el número de bicitaxis , zonas de servicio, rutas y tarifas. Cada bicitaxi, según la propuesta, debe certificar revisión tecnómecanica, tener un seguro contra accidentes y aumentar medidas de protección para los usuarios, tal como cinturón de seguridad, límite de velocidad, entre otras. Se establece que para la prestación del servicio público de transporte las autoridades territoriales deberán usar una plataforma tecnológica para el control de la operación del servicio, tal como se está intentando hacer con los taxis de la ciudad. También es directriz de la resolución articular el servicio a sistemas integrados de transporte, para el caso de Bogotá, al Sitp. Para los trabajadores del gremio la resolución obliga a bicitaxistas a tener licencias de conducción para este tipo de vehículos y hacer cursos de capacitación cada año.

Fanzine invitación a taller a bicitaxistas


Actualmente los bicitaxistas de estos barrios, aunque mantienen un margen de operación vinculado al territorio y a organizaciones a las que pertenecen, pueden transitar por cualquier lugar de la ciudad, e incluso, como algunos de ellos cuentan, han hecho servicios de acarreo a municipios vecinos. En los barrios hay paraderos de bicitaxis, puntos de referencia en los que generalmente hay cuatro o cinco bicitaxis disponibles. Entre las calles de los barrios también hay bicitaxis parqueados  que se empiezan a mover en las horas pico. El precio promedio del pasaje es de mil pesos, pero dependiendo de la distancia y la carga, el precio puede variar. Tienen tablas de tarifa del pasaje según la distancia tal como la tienen los taxis en la ciudad. Según testimonios de bicitaxistas propietarios de su vehículo su ingreso neto es de $30.000 a $40.000 producto de su trabajo en jornadas laborales que pueden alcanzar las 12 horas diarias.

Según algunos trabajadores del gremio, hay bicitaxistas, sobre todo jóvenes, que han encontrado en este oficio una alternativa para no tener que ocuparse en redes criminales, pero también los hay que han usado el bicitaxismo como cortina para continuar en actividades ilícitas. Cada día, según los bicitaxistas, son robados, generalmente a mano armada, de dos a cuatro bicitaxis en la zona, una cantidad similar es recogida y retenida por la policía de tránsito, dado que el bicitaxismo es catalogada como una actividad ilegal. Según esta población, el costo de sacar los bicitaxis inmovilizados por la policía es de algo más de medio salario mínimo, dados sus bajos ingresos muchos bicitaxistas optan por no retirarlo y hacerse a un nuevo bicitaxi en el mercado de bicitaxis robados.

A pesar de esta realidad latente en la ciudad y de las miles de familias que obtienen su ingreso del bicitaxismo, los bicitaxistas no existen en la resolución propuesta el gobierno nacional. En tal sentido sería responsabilidad de los mismos bicitaxistas y sus organizaciones la adaptación del bicitaxismo a la regulación. Lo que implica un aumento en los costos de operación de los bicitaxis, aumento que reacaería en el bolsillo del trabajador. si a esto se suma el costo de obtener licencia de conducción, de condiciones tecnomecánicas exigidas, de la obtención de la tarjeta de operación, de la compra del seguro anual, de la instalación de la plataforma, entre otros, la mayoría de bicitaxistas tendrían que abandonar el oficio al no contar con los recursos para esta adaptación. Algunos de ellos no tienen ningún grado de escolaridad y son analfabetas y no estarían en condición de sacar una licencia de conducción mientras se mantengan en ese estado.


Para los bicitaxistas el Gobierno o el Distrito debería pagar esa adaptación tal como lo hicieron para acabar con el transporte de tracción animal en la ciudad, fenómeno que también se daba en este territorio. Los bicitaxistas, desde el mismo desconocimiento de la resolución, exigen que se tenga en cuenta su estado de vulnerabilidad  para cualquier transformación o regulación a realizar, dado que trabajan en el bicitaxismo porque no hay más alternativas para población de sus características en la ciudad y se debe proteger su derecho al trabajo sin afectar las condiciones de protección y seguridad en el servicio. Dentro de sus exigencias está que cese la persecución policial y que se encuentre un período más largo de adaptación a la nueva regulación y que ésta última, se ajuste en alguna medida, a las realidades de sus vidas y de la ciudad que habitan.




Vendedores Ambulantes y la conquista del espacio


Los vendedores ambulantes del Hospital de Kennedy, de Patio Bonito, de Plaza de las Américas, de Corabastos y otras zonas comerciales de la localidad han sido reiteradamente expulsados de su lugar de trabajo, por esta razón, el pasado 20 de septiembre, se llevó a cabo en la Junta Administradora Local  un debate de control político para que la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía local de Kennedy expusieran la política pública referente a las ventas ambulantes y escucharan los reclamos de estos trabajadores.

Sesión JAL Kennedy sobre ventas ambulantes - 20 de septiembre

Cerca de un centenar de vendedores, con pancartas que reclamaban el derecho al trabajo, esperaron al frente de la Alcaldía local de Kennedy a que dieran ingreso al recinto. El  Instituto para la Economía Social (IPES), entidad distrital encargada de brindar alternativas a los vendedores ambulantes, no cumplió la citación al debate, según los ediles citantes , no era la primera vez que dicha entidad no acudía a los llamados que le habían hecho desde la JAL para hablar sobre el tema.  Cuando declararon la informalidad en la sesión para participación del público,  los vendedores pudieron dar el testimonio de su problemática. Los relatos fueron similares, se refirieron al abuso polícial, al decomiso y daño de sus mercancías, a la imposibilidad de pagar los comparendos que les imponían las autoridades y a la necesidad de trabajar para obtener el sustento diario.   Del sector de Corabastos hubo dos testimonios, el de una mujer vendedora de líchigo que trabaja sobre la calle 38, cerca a la plaza de las flores, que denunció que agentes de la policía le había lanzado gasolina a los alimentos que tenía para la venta y el de un hombre mayor, también vendedor de líchigo, que pedía que lo dejarán trabajar y dejaran de decomisarle la mercancía, este vendedor, que lleva casi dos décadas en el sector, denuncia que siempre les prometen programas alternativos que no se ejecutan o terminan en reubicaciones en lugares en que no se vende.

Uno de los tres pilares del actual plan de desarrollo de la ciudad, Bogotá mejor para todos, denominado, Democracia urbana, busca ampliar infraestructura en espacio público y recuperar el   espacio público destinado al aprovechamiento económico de particulares bajo el argumento de proteger un bien de uso colectivo (SDP, 2016). En tal sentido, la política distrital se ha enfocado en la persecución al uso de la calle de vendedores ambulantes, interviniendo zonas que se han caracterizado por la alta presencia de sus puestos de trabajo. Según la Personería Distrital (2018),  no hay una política compensatoria clara que dé alternativas a estos vendedores informales,  advierte que aunque ha habido un aumento en el número de los mismos, la asignación presupuestal, en precios constantes, para generar oferta institucional y reubicación da estos trabajadores apenas ha crecido en un 1,2 %,durante los dos últimos gobiernos de la ciudad.


Desalojo de vendedores ambulantes en Corabastos, agosto 2017. Foto Julio Cortés
Según el IPES (2018), durante la actual administración se han caracterizado a 18.380 vendedores informales de los 51.781 vendedores informales registrados en el Registro individual de vendedores (RIVI). Según este Instituto, 7.286 vendedores salieron del espacio público gracias a la oferta institucional de cursos de formación en otros oficios y a las alternativas de reubicación. Para la Personería Distrital (2018) el RIVI es un subregistro que apenas contiene cerca del 60 % de los vendedores registrados por el IPES y dista de la cifra de 176.000 vendedores informales en la ciudad que establece la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE.

En seguimiento hecho durante los últimos seis meses en la bodega en la que fueron reubicados algunos vendedores de corotos de la avenida de los muiscas y el Cartuchito, posterior al operativo realizado en agosto de 2017, se observó que para el mes de enero, en horarios de la mañana, se usaron cerca de la mitad de los puestos habilitados,  para el mes de junio, en el mismo horario, apenas eran usados cerca del 20 % de los puestos.  Algunos de los vendedores que hacen uso de esta bodega, que queda ubicada  sobre la Avenida Ciudad de Calí a cinco calles al norte de la Avenida de los Muiscas argumentan que las reubicaciones no solucionan el problema, pues al ser reubicados en lugares con baja afluencia, bajan sus ingresos diarios y deben volver a la calle para lograr el sustento. Los trabajadores que hacen uso de la bodega alternan su actividad con ventas en la calle o ubican a algún familiar en el lugar de la calle que solían ocupar.

Los impactos de los desalojos a los puestos de trabajo o la restricción temporal o permanente al uso de la calle para la venta, no son los mismos para los vendedores de la Avenida de los Muiscas. Los vendedores ambulantes de tinto, comestibles y golosina que trabajan recorriendo las calles, ante las restricciones, pueden seguir vendiendo a trabajadores de la zona; Los vendedores que usan zorro y carreta suelen ubicarse por fuera de la zona de la restricción. Los vendedores más afectados son los vendedores de líchigo con puesto fijo y los vendedores de corotos, en los primeros su dependencia y conexión con la Central de Corabastos tanto para la obtención de sus productos como para su posterior venta implica que no puedan desplazarse a otro lugar de trabajo.  Los coroteros, tal como lo describe uno de ellos, han institucionalizado el uso de la calle para la venta de corotos, de tal manera que ante las restricciones para el uso de la calle, muy pocos se desplazan, soportan sus gastos con recursos provenientes del reciclaje o tratan de vender “lo que las manos puedan”.

Bodega Coroteros. Enero 2018.


Recicladores, organizaciones y formalización.

En la Avenida de los Muiscas, así como en las calles que la rodean hay bodegas de reciclaje, algunas operadas por comerciantes que benefician el material para su posterior comercialización y otras operadas por organizaciones de recicladores de oficio. A diferencia de los demás oficios presentes en la calle, una parte importante de los recicladores están vinculados a organizaciones gremiales. Aunque muchas de estas organizaciones se conformaron en el  contexto de la política distrital de inclusión a la población recicladora, la cual, dentro de sus lineamientos, buscaba fortalecer organizaciones de recicladores en pro de su formalización como operadores del servicio de recolección de residuos sólidos aprovechables en el programa Basura Cero (2012-2015); ya existían organizaciones que se conformaron con el fin de defender el uso de la calle para poder vender corotos.

Recicladores ocasionales, reciladores independientes e incluso pequeñas organizaciones se han mantenido al margen del proceso de inclusión y de formalización asistida propuesta por la UAESP , las razones que aducen para ello es el desconocimiento de dicho proceso, el no tener que estar sujetos a agendas que no pueden o no quieren cumplir. Permanece una sensación de sospecha de que al final solo buscan quitarles su fuente de empleo, “Ahí hay gato encerrado, nos están corrompiendo y eso es para algo” dice uno de los recicladores que se resiste a participar en la formalización direccionada por el Estado.



En la construcción de la línea base del proyecto de fortalecimiento a la población recicladora  realizado por la Universidad Distrital (Idexudx, 2016 ) se encontró, mediante entrevista a líderes de organizaciones de recicladores que las localidades, para Kennedy con 10 organizaciones referenciadas que dos terceras partes de los recicladores están en el Registro único de recicladores de oficio (RURO). El estudio establece que, para Bogotá, en cuanto la duración de la jornada laboral diaria de recicladores de oficio, el 61.2% de los asociados de estas organizaciones trabajan más de 8 horas al día. 10 % de las organizaciones indica que sus asociados trabajan más de 12 horas diarias y el 38.8 % de las organizaciones afirma que sus asociados trabaja en jornadas de duración menor a las 8 horas. En cuanto al nivel edcuativo se encontró en este diagnóstico que el 65.3% de las Orhas (Organizaciones de recicladores habilitadas) indica que mayoría de sus asociados tiene un nivel educativo de primaria incompleta y que los recicladores que no saben leer ni escribir, según este diagnóstico, podrían llegar a ser el 17 % de los recicladores de dichas organizaciones.

Según registro contable llevado por una organización de recicladores en bodega, un recilador de oficio de este territorio, obtiene por la venta del material cada mes, aproximadamente medio salario mínimo, aquellos que están registrados en el RURO y obtienen pago de tarifa logran  incrementan ese ingreso en $100.000 o $150.000. Por ello, una gran parte de ellos alternan la actividad del reciclaje con la venta de corotos, según los recicladores coroteros entrevistados, la venta de corotos pude significar del 50 % al 70 % del total del ingreso de estos trabajadores. A las bodegas llegan recicladores ocasionales y consumidores de SPA que venden pequeñas cantidades de material reciclable y que obtienen menos de $10.000 al día por la venta.

La jornada laboral de un reciclador de oficio que no usa su tiempo en ventas callejeras es de 6 a 10 horas díarias, trabajan horas nocturnas dependiendo de los horarios de recolección de residuos de las empresas encargadas. El reciclador y corotero trabaja genralmente de 6 am a 11 am en ventas callejeras, todos los días de la semana a excepción de los lunes, esto debido a un acuerdo con las autoridades, que aunque perdió vigencia, se mantuvo en las costumbres de los recicladores, en el cual se establecía un horario (horas de la mañana) para el uso de la calle y se destinaba el día lunes para limpieza de la calle. El resto de la jornada tarde o noche están dedicadas a la recolección, búsqueda y beneficio de residuos aprovechables en calle o en fuentes obtenidas.

Mediante entrevistas realizadas a líderes de organizaciones y recicladores de base se pudo determinar que las organizaciones prestan servicios a sus afiliados en cuanto al transporte de material, comercialización y bodegaje, así mismo prestan un servicio de intermediación en la exigencia de los derechos de los recicladores frente a autoridades nacionales, distritales y locales.  Aunque se persiste en la conformación y pertenencia a organizaciones de segundo nivel para el mejoramiento de términos de negociación frente al Estado y los compradores de material reciclable, persiste la preocupación por la pérdida de afiliados por parte de las organizaciones mas pequeñas, de hasta 50 integrantes, pues parte de sus asociados se han ido a organizaciones más grandes ante la expectativa de lograr la operación del servicio.

La reglamentación del nuevo esquema para la actividad del reciclaje cuyo marco está en el  Decreto 596 del 11 de abril de 2016 exige a las organizaciones de recicladores que quieran operar el servicio público de aprovechamiento, y por tanto recibir el pago correspondiente a la prestación del servicio, un proceso de formalización que requiere altos estándares en cuanto aspectos organizativos, operativos comerciales y financieros y da a las organizaciones un plazo de cinco años para lograr este objetivo, a partir de su incripción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). (Tovar, 2018)

Aunque se puede determinar un avance en dicho proceso de formalización a partir del programa Basura Cero (2012- 2015); cuyo objetivo era reducir los residuos que produce la ciudad a través un mejoramiento en el proceso de reciclaje o aprovechamiento, mediante un cambio cultural de los ciudadanos y un programa de inclusión para que fuera la población recicladora la prestadora servicio de aprovechamiento a la ciudad; las pequeñas organizaciones ubicadas en el territorio no han logrado resultados importantes en su propio fortalecimiento.

En un balance realizado por Tovar (2018) sobre este proceso de formalización, al observar aspectos organizativos e institucionales, de aceptación social, económicos, financieros, técnicos y operativos, relacionando las disposiciones legales con el estado y el contexto en el que se encuentran las organizaciones de recicladores; en el marco de falta de apoyo institucional y la negación por parte del Estado de cumplir con los lineamientos establecidos para dicha formalización; se encuentra un deterioro de las organizaciones en tales aspectos, dado que no cuentan con la capacidad de asumir el incremento de los costos que implica el proceso de formalización, de mantener su dinámica asosicativa, o de mantener el proceso pedagógico que requiere su reconocimiento, y por ende, su inclusión a procesos sociales y económicos.

Las organizaciones del sector de Corabastos, con algunas diferencias particulares, se pueden enmarcar en este contexto. Aunque los líderes de las organizaciones afirman estar encaminados a cumplir los requisitos establecidos, y dentro de sus posibilidades han generado acciones para ello, como la asistencia y seguimiento a procesos institucionales locales y distritales, la contratación temporal de personal calificado o la búsqueda de ingresos en la articulación de eslabones de la cadena del reciclaje; la misma dinámica y exigencia del trabajo diario, su nivel educativo, o su baja capacidad operacional y organizativa, la falta de una asistencia adecuada, no permite dar buenos augurios frente a los parámetros establecidos por el Estado para su formalización.

Las organizaciones referenciadas se caracterizan por alta concentración de poder en los líderes de las mismas y por ello un deficiente control por parte de la población agremiada. Según apreciaciones de asociados hay tratos discriminatorios y maltrato verbal por parte de los líderes de las organizaciones, así como falta de claridad en el manejo de los recursos y en la información suministrada. Por parte de los líderes se aduce una falta de reconocimiento y responsabilidad de las bases por el trabajo de acompañamiento que se realiza por parte de la organizaciones.

Tal como lo establece Giraldo (2017) y Tovar (2018) existe una fuerte fractura entre las políticas públicas y la realidad social que viven los trabajadores de sectores de la economía popular, que reside en primera medida en el  desconocimiento y falta de reconocimiento de estos sectores de la economía por parte de la sociedad y las políticas de Estado, y en segunda medida, como consecuencia de lo anterior, en la exclusión de dichos sectores de la población en la formulación de políticas públicas que puedan afectar las realidades particulares que las caracterizan.




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