Estamos en defensa de la universidad pública

Foto SOS Universidades públicas

Por Edgar Suárez - A media cuadra

A mediados de  la década de los setentas,  Antonio García Nossa  realiza un análisis histórico del papel de la Universidad en Colombia, que sería editado póstumamente bajo el nombre de La crisis de la Universidad. Dentro de las conclusiones de su análisis García (1984) establece que:

“El proceso expansivo del sistema universitario se ha caracterizado por tres rasgos interrelacionados y esenciales: la extrema y anárquica proliferación de instituciones de muy variable magnitud y nivel; la creciente prevalencia de la universidad privada, al transformarse en el paradigma de la empresa rentable y en el centro hegemónico del sistema de educación superior y la política educacional del Estado dentro de los marcos ideológicos del esquema de privatización y en orden a restablecer el control político sobre la Universidad Nacional” El autor enmarca este proceso dentro del modelo desarrollista, el cual prioriza el crecimiento económico como centro de la idea de desarrollo, para García, bajo este modelo, la universidad estatal, al proveer mano de obra calificada al sector privado, ya implica una transferencia de recursos públicos al sector privado, y advierte la tentativa de que dicha transferencia se haga de manera directa,  recordando que López Michelsen en su Plan de desarrollo, Para cerrar la brecha, “llegó a proponer la transferencia de recursos estatales a un fondo administrado por el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el exterior, con el objeto de hacer préstamos a los estudiantes para costear las matrículas en los institutos públicos y privados”. (p. 145)

Los objetivos del modelo desarrollista, según García Nossa eran para ese entonces: Una Autonomía puramente operacional o administrativa, supeditada presupuestal y administrativamente por el gobierno; funcionamiento de la universidad como empresa comercial, lo que implica, la búsqueda de rentabilidad mediante la comercialización de bienes y servicios, así como la capacidad de dar respuesta a la demanda del mercado de recursos humanos calificados; administración sometida a las reglas de las sociedades de capital; asignación de un rol operacional a la investigación científica, la privatización progresiva del sistema universitario del país; y por último, la elitización de la educación superior especializada. (García, 1984, p. 132)

Tal como lo proyectaba García, la educación no escapó del reformismo neoliberal. Desde esta concepción es el mercado el mejor asignador de recursos y los sistemas de educación pública son una distorsión de dicha asignación, en tal sentido, el Estado en vez de proveer la educación debe ser garante del funcionamiento de dicho mercado, estableciendo una supervisión del funcionamiento del mismo. Esto implica que es el sector privado quién determina la oferta educativa adecuada para el desarrollo productivo y que cualquier ciudadano que quiera ejercer su derecho a la educación superior, tendrá que pagarlo y endeudarse cuando sea preciso.


La educación superior ha tenido un aumento en cobertura educativa permanente en los últimos años. “Durante los últimos 25 años, el acceso a la educación superior aumentó a un mayor ritmo, lo que se tradujo en una tasa de cobertura bruta que pasó del 24 % en el año 2000 al 49 % al final del 2015. Durante este período, la población matriculada a nivel de pregrado ascendió de 487.448 estudiantes en 1990 a 873.079 en el año 2000 y a 2.142.443 en el 2014.” (Melo, Ramos, Santamaría, 2017, p. 70) Sin embargo este aumento de cobertura se ha dado sobre todo en el sector privado, con el aumento de instituciones de educación privada, acreditación de sus programas e inversión en infraestructura de las mismas. En un balance sobre el desarrollo de la educación superior a nivel nacional en los últimos años realizado por el CESU (2014) establecen que mientras no hay incremento en el número de universidades públicas en las últimas décadas, del año 2009 al 2013 hay un aumento de creación de instituciones de educación superior privada de seis unidades.

Según el SUE (2018) el aumento de cobertura de las universidades públicas durante el período de  1993 a 2016, para estudiantes de pregrado, fue de 284%,  mientras los aportes de la Nación por estudiante al año, en el mismo período bajaron de $10.825.890 a $4.785.338. Así que mientras las universidades casi han triplicado su cobertura, los aportes de la Nación por estudiante se han reducido a menos de la mitad.    Este incremento de cobertura se ha generado por un esfuerzo de las mismas universidades públicas de mejorar su desempeño y de vender en el mercado servicios que mejoren sus ingresos. A pesar de la desfinanciación creciente las universidades públicas también han aumentado su cobertura en Posgrado (148%), sus grupos de investigación reconocidos por Colciencias.

Como consecuencia de esta política de desfinanciación y privatización, tenemos un sistema de universidades públicas que, aunque mantiene estándares de calidad, está en una grave crisis que se evidencia principalmente en una insuficiente cobertura dada la creciente demanda por educación superior, sobre todo en la población de ingresos medios y bajos; un incremento de docentes contratados como ocasionales o por hora Cátedra, restando calidad al proceso educativo ; una reducción de recursos para investigación y bienestar estudiantil (CESU), un deterioro en infraestructura y la búsqueda permanente de recursos mediante venta de servicios. Si observamos todo el sistema de educación superior, vamos a encontrar como correspondencia a lo anterior un alto endeudamiento de familias y estudiantes para financiar educación superior, y una alta deserción, según MEN (2015)  más de la mitad de los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior no terminan su proceso educativo.

Siguiendo el mismo modelo de educación superior que ha imperado en las últimas décadas, se está excluyendo a las próximas generaciones del acceso a una educación superior de calidad, lo cual no es poca cosa, pues ello determina, no solo las condiciones materiales y laborales de la población, sino la capacidad colectiva de construir un proyecto común. Por ello la defensa de las universidades públicas  trasciende la esfera de los estudiantes, profesores y trabajadores vinculados a éstas, esta defensa debe entenderse, como la defensa de cualquier posible desarrollo de nuestra sociedad.

Estamos en defensa de la educación pública

En la calle nos vemos

Octubre 10 de 2018

GARCÍA Nossa, Antonio, La crisis de la Universidad, LA universidad en el proceso de la sociedad Colombiana, Editorial Plaza y Janes, 1985.

CESU. (2014). Acuerdo por lo superior 2034. Bogotá: Cesu. Obtenido de Dialogo de la educación superior: http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-319917_recurso_1.pdf

MIÑANA, Carlos y RODRIGUEZ, José Gregorio, LA educación en el contexto neoliberal www.humanas.unal.edu.co/red/files/3112/7248/4191/Artculos-eduneoliberal.pdf

CESU. (2014). Acuerdo por lo superior 2034. Bogotá: Cesu. Obtenido de Dialogo de la educación superior: http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-319917_recurso_1.pdf

SUE (2012) Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341914_archivo_pdf.pdf

SUE (2018) Informe sostenibilidad financiera sistema universitario estatal

Ministerio de Educación (2015), Estadísticas de graduación y deserción 2015
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-357549_recurso_3.pdf