Autores: Frank Molano* - Roger Alfonso**
Observatorio Colombiano Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Cuando el municipio asumió la gestión de los residuos en 1904, estableció el impuesto a la basura, el cual se debía pagar anualmente proporcional al valor predial de la vivienda. La destinación del recaudo debía cubrir los gastos de funcionamiento del sistema: barrer, recoger, transportar y dar un uso como abono o depositarla en los distintos basureros existentes.
No obstante, como tradición oligárquica que se respete, los ricos se resistieron al pago de impuestos, alegando que ya su riqueza era un mérito patriótico. La evasión del impuesto a la basura generó un sistema municipal de aseo mediocre e ineficiente ante las demandas de una ciudad en crecimiento. Para medio sostener el servicio público de aseo el municipio debió asumir los gastos básicos, subsidiando a las clases altas, a quienes, sin falta, se les recogía su basura y se les barría sus calles.
En 1959 se creó la empresa distrital de aseo que años más tarde se llamaría Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS. La recolección domiciliaria debía ser financiada con una tarifa mensual pagada por cada propietario de predios urbano, mientras el barrido de calles y el transporte de los desechos, era financiado con un porcentaje del impuesto predial que el Distrito giraba a la EDIS. Como había ocurrido anteriormente, los grandes productores de basura, los industriales y comerciantes aprovecharon el subdesarrollo de los mecanismos de registro predial y se negaron a cumplir con el pago de la tarifa, prefiriendo costear un servicio para-estatal individual que contribuir al servicio colectivo de aseo urbano. Esta desfinanciación, sumada al manejo clientelista de la EDIS la hicieron inviable.
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| Imágenes. Historieta de la basura de la Edis a Basura Cero |
En la década de 1990 despegó el proyecto neoliberal. Su instalación se experimentó primero con la desprestigiada EDIS que fue liquidada en 1993. Esto coincidió con la consolidación de monopolios privados, internacionales y criollos... los nuevos empresarios de la basura. En Bogotá el monopolio francés Veolia (Aseo Capital), el argentino Pescarmona (LIME) y el de empresarios colombianos, Aseo Capital, de la familia Ríos Velilla, se hicieron con los contratos del aseo, y por unos pocos años compartieron el mercado con el frustrado intento de la empresa comunitaria Corpoaseo de los habitantes de Ciudad Bolívar. La feroz batalla por el mercado de basuras y los manejos politiqueros dados a Corpoaseo contribuyeron en su fracaso.
Los neoliberales consideraron que como el Estado era un empresario mediocre, decidieron no solo entregar el barrido, la recolección y la disposición final en el botadero Doña Juana, sino además la atención a los usuarios, el recaudo y el sistema tarifario a los consorcios privados mediante un nuevo monopolio: la Empresa Comercial del Servicio de Aseo, ECSA. Se trató de una privatización a ultranza, en la que el Estado deliberadamente no creó los suficientes mecanismos de control y regulación. La Unidad Especial de Servicios Públicos UESP -hoy UAESP-, una dependencia de la alcaldía para el control del servicio de aseo, resultó ser un instrumento al servicio de los consorcios privados. La idea que defendieron todos los alcaldes y gerentes de la UESP era que, si los empresarios ganaban, toda la ciudad ganaba, por eso el mercado de la basura debería tener las mínimas regulaciones.
Pero no fue así. La ECSA entre 1994 y 2003, sin ningún control estatal, incrementó las tarifas hasta en 1.200 por ciento. Los monopolios se dieron el lujo de pasarse por la faja las disposiciones tarifarias que desde 1994 había fijado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, así como los reclamos de la Contraloría Distrital, la Personería y la misma Contraloría General de la Nación. En septiembre de 1997 la tragedia ambiental de las basuras, ocasionada por el derrumbe de un millón de toneladas del basurero Doña Juana sobre el río Tunjuelo, mostró los efectos perversos de una privatización sin regulación. Pese a las críticas de los entes de control de la Nación y a las sugerencias de los estudios que dieron origen al Primer Plan Maestros de Gestión de Residuos, entre ellas disminuir la cantidad de basura llevada al Doña Juana e incrementar el reciclaje, los monopolios hicieron oídos sordos. Para ellos, incluir a los recicladores en el servicio de aseo, promover el reciclaje y destinar parte de las ganancias a disminuir los impactos ambientales era contrario al negocio de transportar y enterrar basura, que resultó ser el negocio del siglo.
Los nuevos contratos de 2003 agregaron a la lista de empresarios de la basura, la empresa del zar de los desechos William Vélez, Aseo Técnico de la Sabana, ATESA, los que desde entonces han ejercido un férreo control del mercado de la basura y un constante lobby político en la CRA, el Concejo de Bogotá, la Alcaldía Mayor y las mismas instancias de control del país y la ciudad para saltarse las laxas normas nacionales e imponer la lógica de la ganancia, sin mayores instrumentos de control y regulación eficaces.
Hoy se nos dice que el sistema tarifario opera con un criterio solidario, en el que los estratos altos pagan más por el servicio y ayudan a los estratos bajos que pagan menos. Esto es falso. No hay solidaridad, hay injusticia ambiental. Los estratos altos pagan más por estar más alejados de la basura, la cual se deposita desde hace 30 años en el sur de la ciudad. Son los pobres y no los ricos los que han soportado diferentes formas de dolor ambiental, que no se compensa con paliativos.
La alcaldía de Petro intentó cuestionar este tipo de contrato neoliberal de la basura. Bajo el Decreto Distrital 564 de 2012, la Bogotá Humana implementó un esquema de aseo transitorio que permitió el control público tarifario a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, disminuyendo la tarifa para los usuarios, y a su vez remunerando por primera vez en la historia a los recicladores, quienes nunca habían recibido pago por su servicio. Fallidamente se trató de incorporar la política “Basura Cero”, pero el poder de los empresarios del aseo -aliados de los políticos neoliberales- produjo una intensa crisis, cuyo final solo fue posible sobre la base de respetar el orden establecido por el empresariado que se lucra de enterrar basura.
Este esquema público de control tarifario llegó a su fin en febrero de 2017 cuando la administración Peñalosa privatizó no solo la prestación del servicio de aseo, sino les devolvió el poder a los empresarios de la basura de ser nuevamente entidades tarifarias, es decir, los empresas de aseo calculan y le cobran a los bogotanos lo que ellos dicen que les cuesta prestar el servicio de aseo: un “cheque en blanco” que de alguna manera es supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.
La entrada en vigencia del Decreto Nacional 596 de 2016, adicionó a la tarifa de aseo el costo del servicio de aprovechamiento. Mientras duró el esquema transitorio de Petro, este costo se pagó con cargo a la tarifa del servicio de recolección de residuos no aprovechables, barrido y limpieza, es decir, los usuarios no pagaron un costo adicional porque la administración Petro demostró que lo que pagaban los bogotanos a través de su factura del aseo, era más que suficiente no solo para pagarle a los recicladores, sino para que le quedaran ganancias a los operadores privados LIME, Aseo Capital, Ciudad Limpia y al operador público Aguas de Bogotá, que mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores, comparativamente con los trabajadores de los operadores privados.
Cuando entró en vigencia el Decreto 596, se le empezó a cobrar adicionalmente el servicio de aprovechamiento a los usuarios, incrementándose progresivamente lo que pagan los bogotanos por el servicio de aseo sin que se evidencie mejoría en la calidad y eficiencia del sistema de reciclaje de Bogotá, pese a los miles de millones de pesos que mensualmente se le están pagando a los prestadores del servicio de aprovechamiento que más reportan residuos aprovechables recuperados.
Hay algunos prestadores de aprovechamiento que cobran miles de toneladas aprovechadas recuperadas, pero no hay mayor control de la superintendencia y no se sabe con certeza si lo que le cobran a los usuarios es en realidad lo que están recogiendo de reciclaje; los usuarios pagamos este servicio, pero hoy no se sabe de donde salen las decenas de miles de toneladas de residuos aprovechados que facturan y cobran a través de la factura del aseo. Un esquema en libre competencia implementado por la alcaldía Peñalosa que tiene más de 300 bodegas autorizadas y que la SSPD, -ni siquiera con el apoyo de la UAESP- tiene como supervisar en campo.
El alza de las tarifas: Neoliberalismo e injusticia ambiental
El sistema tarifario actual heredó la lógica de la privatización cuyo eje es que las ganancias de los monopolios no se pueden poner en cuestión. Son los ciudadanos quienes sostenemos el sistema, pero con diferentes consecuencias sociales y ambientales ante los impactos del manejo de basuras.
Cada alza de tarifas solamente va en beneficio de ese modelo neoliberal y ambientalmente insostenible. La actual propuesta de la alcaldía Peñalosa para un nuevo incremento de basuras no tiene por objetivo mejorar el servicio, cuyo problema principal sigue siendo la producción de injusticia ambiental, sino alargar el negocio del enterramiento de las basuras, evitando hasta donde pueda que se implemente una política “Basura Cero” que implica, de manera urgente, la clausura del Doña Juana. Peñalosa se orienta a fortalecer el monopolio privado y a expandir por otras tres décadas el horror que significa ese botadero profundizando la desigualdad ambiental que han padecido los cerca de 500 mil habitantes afectados y liquidando los agroecosistemas campesinos de Mochuelo Alto que Peñalosa amenaza con expropiar. En la economía política neoliberal, Doña Juana es un daño colateral, que afecta a los menos, los bogotanos empobrecidos, para garantizar bienestar a los más, la “gente de bien”.
El mercado neoliberal está transitando lenta y forzosamente hacia un nuevo modelo. El monopolio sobre el reciclaje, que es la tendencia internacional en el manejo de basuras. Pero es un monopolio excluyente, capitalista, de él solo participarán los actuales consorcios y los nuevos, pero pocos empresarios que han surgido del reciclaje informal y el control de grandes bodegas. La inmensa mayoría de recicladores populares quedará en las mismas condiciones de vulneración y subordinación. La UAESP, Peñalosa, los zares de la basura y algunos líderes de recicladores cooptados por el modelo, caminan en esa dirección.
Como la privatización modificó la esfera pública en la que se toman las decisiones sobre la basura: los ciudadanos, los trabajadores del aseo y la inmensa mayoría de recicladores populares quedamos por fuera de las decisiones. Neoliberales, viejos y nuevos zares de la basura son los dueños de las decisiones colectivas; así que un nuevo esquema de aseo bogotano debe democratizar las decisiones para que el servicio de aseo, su esquema tarifario, las tecnologías de recolección, transporte y tratamiento final de basuras, así como su lugar en el ordenamiento territorial de la ciudad, sean un bien público y una decisión democrática en la que participemos muchos actores, informados y políticamente conscientes de las implicaciones de todo orden que se derivan de nuestra relación con los desechos que todos producimos, pero que solo los pobres padecen sus efectos negativos.
*Frank Molano Camargo es Docente Titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde 2008, en el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales en donde se ha dedicado a la formación de pensamiento crítico en los educadores de nuevas generaciones. Candidato a Doctor en Historia de la Universidad de los Andes, donde adelanta su investigación sobre el papel de la basura en la formación del Estado, la ciudadanía y el conflicto urbano en la ciudad de Bogotá.
**Roger Alfonso es Magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador en conflicto, problemáticas socioambientales y gestión de residuos.
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