Perimetral del Oriente: Arbitraje internacional y un debate urgente sobre transparencia y sostenibilidad

El reciente laudo arbitral emitido por el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR) a favor de la concesionaria Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá (POB S.A.S.) ha desatado una tormenta de debates y preocupaciones. Este fallo ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) compensar con cerca de 1.3 billones de pesos a la concesionaria por la terminación anticipada del contrato del Corredor Perimetral del Oriente, dejando en evidencia fallas estructurales en la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia.

Contexto y disputas

El proyecto, iniciado en 2014, tenía como objetivo conectar Sesquilé, Sopó, La Calera y Cáqueza, mejorando la conexión entre Bogotá, Cundinamarca y el Meta. Sin embargo, desde sus primeras etapas enfrentó problemas críticos. En 2020, las obras se detuvieron con apenas un 43% de avance. Las unidades funcionales 4 y 5, que cruzaban el Bioma Paramuno de Cruz Verde, se vieron afectadas por la presencia de 70 manantiales en 60 kilómetros, un hecho que no fue considerado en los estudios iniciales del proyecto.

La Veeduría Comité Páramo Cruz Verde y las comunidades locales denunciaron desde hace años la falta de licencias ambientales específicas y la omisión de impactos sobre el Bioma Paramuno, lo que contribuyó al colapso del proyecto (Ruralia Urbana).

Fallos en la planificación y el arbitraje

El consorcio POB alegó que las condiciones del terreno diferían de lo estipulado en el contrato original, señalando incumplimientos contractuales por parte de la ANI. Esto llevó a un arbitraje internacional que culminó con un laudo parcial emitido el 18 de diciembre de 2024. El fallo declaró la terminación anticipada del contrato y ordenó la millonaria compensación. La empresa israelí Shikun & Binui, principal accionista del consorcio, será la mayor beneficiaria del monto otorgado (Infobae).

Aunque el fallo es definitivo en términos de la terminación del contrato, el documento completo permanece bajo reserva, limitando la capacidad de un análisis público y político adecuado. La ANI y las instituciones colombianas enfrentan ahora cuestionamientos sobre la falta de previsión y supervisión en proyectos estratégicos.

Críticas y consecuencias

La Veeduría ha denunciado que las autoridades priorizaron los intereses de inversionistas extranjeros sobre los derechos y recursos de las comunidades locales. Además, se critica que el control político fue insuficiente, ya que no se dio un debate riguroso sobre el proyecto ni sobre las implicaciones de sus fallas (Comunicado oficial).

El caso también evidencia cómo la falta de inclusión y participación comunitaria agrava los impactos sociales y ambientales. La frase “Ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros” de la Veeduría resume la frustración de las comunidades afectadas.

Reflexión y lecciones para el futuro

Este caso no solo cuestiona la efectividad en la ejecución de grandes obras, sino también la gestión de los mecanismos de arbitraje internacional. Los altos costos financieros y sociales para el país exigen un replanteamiento de cómo se estructuran y ejecutan proyectos de infraestructura.

La ANI y el gobierno deben garantizar una planificación rigurosa y una supervisión transparente que priorice los intereses nacionales y respete los derechos de las comunidades. Este caso debe ser una lección para evitar que intereses externos prevalezcan sobre la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Conclusión: un llamado urgente a la justicia y la participación

Más allá de la compensación económica y las decisiones legales que se toman en despachos lejanos, este caso refleja la profunda desconexión entre los grandes proyectos de infraestructura y las vidas de las personas que habitan los territorios afectados. El Corredor Perimetral del Oriente no es solo una obra inconclusa, sino una herida abierta para las comunidades de la región, que han sido ignoradas, desplazadas y arrastradas por un proceso que, al final, ha beneficiado más a los intereses externos que a los colombianos.

Es hora de exigir que las decisiones sobre nuestro país no se tomen en silencio ni entre sombras, sino en un debate abierto, donde la voz de quienes sufren las consecuencias de estas obras tenga un peso real. Porque cuando se trata de la tierra, el agua y la vida de las comunidades, ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros. Este laudo arbitral debe ser una llamada de atención para que el país reevalúe la verdadera naturaleza de sus compromisos con las multinacionales y se comprometa con un modelo de desarrollo verdaderamente justo y sostenible para todos.

Citas completas y enlaces

Ruralia Urbana:

https://x.com/RuraliaUrbana/status/1755971919302512755?t=xKzeU06YV9EJ-vSpPBwQ9g&s=08

https://x.com/RuraliaUrbana/status/1760828004224159757?t=jSqeBDXdiI-VUF9Hk2Dn_w&s=08

https://x.com/RuraliaUrbana/status/1872078584526909605?t=wFphNnsU2-Enj4p8gIsWaA&s=08

Infobae:

https://www.infobae.com/colombia/2024/12/24/colombia-debera-pagar-305-millones-de-dolares-a-firma-israeli-por-fallas-en-proyecto-perimetral-de-oriente/?utm_source=chatgpt.com

W Radio:

https://wradio.com.co/2024/12/23/mintransporte-debera-pagar-compensacion-de-usd305-millones-por-perimetral-de-oriente-themarker/

RTVC Noticias:

https://rtvcnoticias.com/perimetral-de-oriente-petro-tribunal

Comunicado oficial de la Veeduría: